Para entender mejor el tema, recordaré que prescripción en esta materia, es la extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo según la ley, siempre y cuando no se haya ejecutado la condena de quien ha adecuado su conducta a una infracción penal.
El Art. 75.1 del COIP dice: “Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento”.
Según esta disposición desproporcionada, por ejemplo, si una persona ha cometido una infracción que según la ley merezca una pena de 3 a 5 años, y que con las rebajas por atenuantes le hayan impuesto una condena de 1 de cárcel que esté en firme y no se ha ejecutado, para que pueda beneficiarse de la prescripción, tiene que esconderse si cabe el término, un tiempo de 7.5 años, lo que es contradictorio por violentar los principios de proporcionalidad y de igualdad. Esta norma del COIP fue concebida por el legislador para dar cabida al IUS PUNIENDI, entendido como la capacidad del Estado opresor, sancionador, que castiga y reprime a quienes se han apartado del ordenamiento legal, a efecto de escarmentar.
La Corte Constitucional acaba de declarar inconstitucional las palabras “máximo” y “el tipo penal”; entonces ahora la pena prescribirá en el tiempo impuesto en la pena de la sentencia más el cincuenta por ciento, lo que quiere decir según el mismo ejemplo, que la pena se extinguirá por prescripción en un año y medio (antes en 7.5 años), nada más bárbaro, porque el poder punitivo del Estado no puede superponerse a la racionalidad ni tampoco debe transgredir el marco constitucional, ya que los derechos, principios y garantías consagradas en la Carta Magna tienen que ser respetados por todos, en los que se incluye al Estado. Por ser una resolución de la Corte Constitucional, es vinculante y de aplicación inmediata y general, con efecto erga omnes. Aclaro que no opera para casos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito (no se asusten).