Luis Enrique García
No deja de asombrarme el hecho de que cientos de personas exponen sus vidas todos los días, atravesando los 266 km de la selva inhóspita del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá.
Qué motiva a esa gente, en su mayoría provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador, a arriesgarse de esa forma, a irse sin recursos a México y Estados Unidos.
La respuesta es la esperanza de superar la adversidad, en un mundo lleno de desigualdades, donde las riquezas están distribuidas en pocos países.
La naturaleza misma del ser humano lo empuja a moverse para buscar mejorar sus condiciones de vida.
Migrar es una alternativa real para quienes se ven agobiados no solo por una grave situación económica, sino porque su libertad e integridad puede estar amenazada.
El artículo 13 de la declaración universal de los Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir su residencia en el territorio de un estado, a salir de cualquier país y a regresar a su nación. La Constitución Ecuatoriana, en su Artículo 40 reconoce el derecho de las personas a migrar, no se considera a ninguna persona como ilegal por su condición migratoria. Según esto, migrar no debería ser un delito, sino un derecho. La carta magna iguala en derechos a los extranjeros y ecuatorianos, estableciendo el principio de la ciudadanía universal.
Existe una gran incoherencia entre la teoría y la práctica, si bien la experiencia indica que no hay mucha controversia en lo relativo a emigrar, no es así con lo referente la inmigración. Nos encontramos un choque con los muros de la realidad que impiden que exista un mundo con menos fronteras y más solidaridad.