Es legítima ante el terrorismo.
El empleo de la fuerza legítima por parte del Estado, debe ser selectiva. En caso de que hayan armados entre los terroristas que se toman instalaciones públicas o privadas, deben ser primero, procesados por terrorismo, imputándolo como autor intelectual de todos estos actos, a iza; y segundo, neutralizados los terroristas armados, con armamento letal. La toma, por parte de personas armadas, de instalaciones de petróleo, agua, luz, comunicaciones, cuarteles o instalaciones industriales, son actos terroristas que deben tener una respuesta proporcional.
Lo que sucede es que en Ecuador desde el 2008, no hay Estado que precautele los derechos y la seguridad de su pueblo; se instauró un narco-Estado que somete al pueblo y sus instituciones, a leyes diseñadas para favorecer el delito y proteger a los criminales; se encuentra infiltrado de vinculados al narco-terrorismo internacional que velan por la integridad de vándalos, incendiarios, saqueadores, plagiadores, terroristas, guerrilleros, a través de instancias del narco-Estado: Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, jueces garantistas de los derechos de los criminales, Corte Constitucional, Asamblea; a quienes les otorgan tratamiento de «luchadores sociales», cuando el régimen es liberal; o les otorgan tratamiento de «terroristas», cuando el régimen es narco-comunista.
En tal razón, las manifestaciones en Ecuador, durante el régimen Lasso, son «luchas sociales»; pero las mismas manifestaciones en Ecuador, durante la década infame 2007-17, son actos terroristas. Esta ambivalencia en la aplicación de la ley se constata con el tratamiento diferencial dado a los manifestantes de Luluncoto y a quienes intervinieron en el 30S, con relación a quienes saquearon Quito en octubre de 2019. En ámbito internacional fue evidente la extrema drasticidad con la que sancionó a manifestantes pacíficos, el régimen narco-comunista en Cuba; mientras en Ecuador se amnistía a terroristas que desestabilizaron el régimen liberal de Moreno.