Emily Torres Larriva
La función judicial ha caído en la crisis más dura de la historia, la credibilidad se encuentra en zozobra, la ciudadanía afirma que apenas el 12% de la población cree en sus acciones.
En estos días es perceptible la desconfianza de los ecuatorianos en la función judicial, por tanto, la justicia abierta es uno de los mayores desafíos que enfrenta la justicia de nuestro país.
Todas las irregularidades que se ventilan diariamente en los despachos judiciales deberían ser concebidas en el plan de gobierno, puesto que forman parte de los indicadores de la calidad de vida y tienen gran notabilidad en el desarrollo de una nación,
Para el Ecuador debería ser inaplazable depurar el sistema que controla la justicia en el país, puesto que los derechos, obligaciones y garantías del ser humano están en grave riesgo.
Los procesos judiciales en la actualidad se dirigen de manera cerrada, impenetrable y misteriosa, esta realidad tiene que cambiar a través de la justicia abierta, misma que hace alusión a la intervención, asistencia y transparencia, en donde la participación ciudadana se convierte en un factor crucial.
Cuando se habla de justicia abierta se debe entender como: “la implementación por parte de la justicia de modelos de gobernanza basados en los principios de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación y colaboración e innovación abierta” (Elena & Mercado, 2018). Por tanto, concluimos que justicia abierta es la ventana para forjar la transformación que necesitamos plasmar en la sociedad, esta política no puede adoptarse sin la participación ciudadana, sin el compromiso de buscar los cambios que queremos ver.
No contar con sistema judicial transparente es un detonante que perturba la vida de todos los ecuatorianos, no podemos permanecer impávidos y fríos ante una realidad lamentable: “Una de las más grandes discapacidades que tiene el ser humano, es la indiferencia hacia las injusticias”.