Si desean bajar índices de criminalidad, deben autorizar el porte de armas a quienes cumplen requisitos, porque la «protección policial» es un oxímoron, una contradicción, ya que la policía no protege del delito, lo investiga luego del suceso, no actúa como guardaespaldas; los ciudadanos debemos protegernos nosotros mismos, de ese modo colaboramos con la seguridad, que nos involucra a todos y se entiende es la primigenia responsabilidad del Estado.
El régimen debe desmontar el narco-Estado, incorporar a las infracciones imprescriptibles por peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito del Art.233 CR, la investigación de Contraloría para establecer responsabilidades; el prevaricato judicial; la traición a la Patria; la obligación de los jueces de anteponer, en toda resolución, el interés general de la sociedad, al interés particular de los infractores; sancionándolos con 40 años de reclusión e incautación de los bienes propios y de los bienes de sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ello transforma a la familia, en custodios de la moral pública. Hay ineptitud, incapacidad para resolver múltiples problemas, pero debemos exigirle al régimen, darle hoja de ruta, volver a insistirle, hasta que lo haga. No hay otro camino.
No contamos con la fuerza pública, luego de la década infame, están adoctrinados para someterse al poder político sin discrepancia. El movimiento indígena, no es nuestro aliado, tiene sus propios intereses que no son los de la Nación ecuatoriana, sino los de la «plurinacionalidad» autonómica, con legislación diferenciada, que atomiza la unidad nacional, bajo el imperio del neocomunismo, vinculado al narco-terrorismo internacional que propugna la eliminación de los Estados-nación.
Si todos los que conformamos la sociedad civil mestiza, empujamos en la misma dirección, lo logramos. Caso contrario, la más que justificada crítica, ante tanta incompetencia e improvisación, si carece de propuesta viable, solo provoca mayor incertidumbre.