Orlando Amores Terán
Ningún político propone restaurar el país, destruyendo la causa de nuestros problemas. Todos pretenden solucionar los efectos: inseguridad, corrupción, fraude electoral, injusticia, impunidad. Nadie identifica que la causa es la estructura jurídica narco-Estatal instaurada en Montecristi. Nadie asume que es inherente al narcoterrorismo internacional, autodenominado socialismo del s.XXI, la dilución de la historia, el asesinato de la reputación, la lumpenización de la política. Por eso tuvimos un hijo de narcotraficante, como presidente, un hijo de violador, como vicepresidente y una caterva de hampones, como secretarios de Estado, todos prontuariados, sentenciados o prófugos.
Ésa estructura jurídica hay que cambiar, mediante las preguntas aprobadas en el Dictamen 7-19-RC-19, no a través de una Consulta diseñada para que el narco-Estado siga intacto. La próxima Consulta es un engaña bobos, peor que la Consulta inservible de Lasso. En Ecuador, todas las funciones están cooptadas por el narcoterrorismo, desde que accedió al poder en 2007. Tanto es así, que el hampa política ofreció entregar «medio Quito», al hampa común. Ante esta execrable evidencia, lo primero que un mandatario patriota, responsable, haría, es desarmar el andamiaje jurídico narco-Estatal provocador de todos nuestros males. De ahí que votar si, por preguntas que no afectan la estructura narco-Estatal, es afianzar el narcoterrorismo en Ecuador. Pretender corregir los problemas generados por el narco-Estado, manteniendo incólume su estructura provocadora de nuestros males, es incurrir en una gran contradicción. Como considerar que es posible, lograr que un esqueleto se vuelva obeso o que una prostituta se mantenga virgen. Los que no comprenden la actual situación son ingenuos, o tontos, o peones del narcoterrorismo. No hay otra explicación.