Mesías Mestanza Solano
Al oír indulto y amnistía, nuestros sentidos los ubican como si fueran sinónimos de impunidad, pero no es así, dado que son figuras constitucionales y legales; pero claro, la forma de aplicarlas sin cumplir el procedimiento y su reglamento sí es corrupción.
Son atribuciones constitucionales del Presidente de la República, entre otras, el indulto, la rebaja, la conmutación de las penas, de acuerdo con la ley; es decir, son mecanismos de perdón de penas a personas que han sido condenadas por haber adecuado su conducta a un tipo penal.
La Asamblea Nacional, entre otras atribuciones, tiene la de conceder amnistía por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, lo cual consiste en la extinción de la acción penal, a excepción de delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios; se puede decir así, que es una medida de gracia haya o no haya condena.
Estudiosos del Derecho Penal sostienen que tanto el indulto como la amnistía son mecanismos legales que solucionarán la crisis carcelaria… lo que les faltó decir es que se solventarán situaciones de los presos en perjuicio de la sociedad civil.
Desde el punto de vista técnico jurídico, la filosofía que tienen estas instituciones es positiva si cumpliésemos con los presupuestos legales y si se otorgaren a personas que los merezcan, pero en nuestro medio, otros son los beneficiarios.
Ya vimos a quiénes se benefició con la amnistía dictada por la ex Asamblea, pero nada se dijo de los que cometieron delitos culposos de tránsito, producto de imprevistos ajenos a la voluntad de los conductores. Es decir, estas figuras del indulto y amnistía son mal utilizadas, ya sea en favor de políticos o grupos del mismo orden.
El principio constitucional de igualdad abarca a todo el conglomerado social, sin discriminación alguna. Lo malo es que estas figuras legales nacen del poder político y por lo tanto ya están contaminadas.
Ojalá algún día se inaugure la justicia.