La seguridad de los trabajadores sigue siendo opacada en los diversos ámbitos ocupacionales del país, vulnerándose más en el sector público en donde se desconoce y se pisotea diariamente los derechos laborales.
Corrientemente podemos constatar el malestar y preocupación que acompaña a aquellos que no tienen estabilidad laboral, sobre quienes recaen las famosas reducciones de personal o presupuesto, la pandemia nos dejó más acentuado este tema, los altos mandos que en su mayoría son colocados a dedo son posesionados por influencias y gozan de “beneficios” inusuales, mientras quienes están abajo están condicionados al partido político que gobierna, viviendo constantemente en zozobra.
Este modus laborandi es parte de la sociedad ecuatoriana, estamos acostumbrados a que un servidor público se quede sin trabajo de un día al otro, sin cuestionamiento, sin procedimiento, sin pensamiento, y quienes somos nosotros para cuestionar las decisiones de los directivos, generar antecedentes “negativos” nos puede cerrar para siempre las puertas en el sector público.
Los vacíos legales y la oscuridad laboral en este sector es un hecho conocido, pero que a nadie le interesa cambiar, puesto que las minorías no tienen padrino, las minorías no tienen derechos, las minorías no tienen voz.
Todos aquellos supuestos procedimientos para contratación, son solo eso, formalismos para maquillar hechos atentatorios de principios constitucionales que son letra muerta.
El trabajo gozará de protección del Estado, la estabilidad laboral, el equilibrio social y la igualdad siguen siendo poesía que pisotean en cada curul, pese a estar contemplados en la Carta Magna sabemos que la violación se da a diestra y siniestra, estamos tan acostumbrados a los procedimientos que hemos adoptado como propio terminar un contrato laboral sin justificación alguna, porque aguantamos las condiciones o nos quedamos sin empleo, porque firmamos el acta de finiquito o entramos en una guerra perdida.