Demagogia electoral

Marcelo Rivera

Marcelo Rivera T.  

Faltando pocos días para las elecciones presidenciales y de asambleístas, el alcalde Wilson Erazo y la prefecta Johana Núñez anunciaron en redes sociales la intención de entregar a la Senescyt 10 hectáreas de los terrenos que fueron expropiados al Issfa, para construir la Universidad Estatal para Santo Domingo; el GAD Municipal canceló USD 1´348.989,32 dólares por dichos predios. 

Este sorpresivo anuncio denota desesperación en la Revolución Ciudadana, por la reducción en las preferencias electorales que, según varios expertos, después del asesinato de Fernando Villavicencio y la pésima actuación de su candidata presidencial en el debate, han caído entre 5 y 7 puntos menos en la intención de voto.

En el año 2017 la Contraloría General del Estado, mediante Auditoría de Proyectos y Ambiental, Examen Especial DR10-DPSDT-APYA-0001-2017, determinó recomendaciones que son de cumplimiento obligatorio por parte de las autoridades y funcionarios públicos, tal como lo establece el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (Locge). Dicha recomendación obliga al GAD Municipal a: Cumplir con la resolución de alcaldía NRO. GADMSD-R-VZC-2012-110, de 2 de abril de 2012, para el logro de los fines institucionales en lo relacionado a la utilización del espacio público expropiado, para la reubicación del comercio informal, asentado en el casco central de la urbe…”

Las sanciones para las autoridades que incumplen las recomendaciones de la contraloría, según el Art. 46 de la Locge, son multa de una a veinte remuneraciones básicas unificadas, o la destitución.

Este ofrecimiento, hecho por las dos autoridades afines al correísmo, es demagógico y electorero, ya que fue el propio expresidente Correa, quien señaló en varias ocasiones que mientras sea presidente no aprobará la Universidad para Santo Domingo, y, además, fue la misma asambleísta Viviana Veloz quien votó en contra de la creación de la Universidad Estatal en la Asamblea Nacional, con estos antecedentes, ¿se puede confiar en la palabra de Erazo y Núñez?

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