Muchos de nosotros conocemos o hemos escuchado de la -famosa- “Tabla de Consumo y Tenencia de Drogas”; creada en el año 2013 por el CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) hoy SETED (Secretaría Técnica de Drogas).
Desde siempre se ha generado debate respecto a la función que la tabla cumple, habiendo criterios divididos; por una parte, los que consideran a la tabla como permisiva, consintiendo el incremento de consumo y en secuencia más problemas sociales (inseguridad); y, por otra, los que consideramos que la tabla no es una licencia para consumir, sino el complemento y apoyo al artículo 364 de la Constitución del Ecuador que señala a la adicción como un problema de salud pública, por ende, debe enfrentarse por intermedio de la prevención y control.
Por su parte, y como respuesta a la problemática “causada” por la tabla de consumo, la bancada del oficialismo de la Asamblea Nacional (BAN-CREO) ha propuesto su eliminación como respuesta al narcotráfico. Sin embargo, hay que considerar que la tabla es la herramienta que permite a los administradores de justicia determinar si un individuo es consumidor -ocasional, habitual o problemático- o destinado al tráfico de estas sustancias; para así, enviarlo a la cárcel o a un centro de rehabilitación.
Algunos van a coincidir conmigo, otros o no; respecto a que la “tabla de consumo” debe ser complementada con políticas públicas (programas, campañas) de educación y prevención, puesto que su eliminación permitiría discrecionalidades judiciales.
Una vez más, las autoridades pretenden que los ciudadanos asuman las consecuencias de sus nefastas administraciones, no pudiendo controlar la problemática de la droga a nivel macro (dentro del territorio nacional), tratando de buscar “soluciones” populistas.