Tiempos de política

A menos de seis meses el país celebrará los comicios y elecciones seccionales, donde las y los ecuatorianos en ejercicio de la democracia, acudiremos a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales, miembros de las juntas parroquiales; además, por segunda ocasión en la historia, también se escogerá a siete vocales consejeros y siete suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

 

Pese a que la campaña oficial arranca el 3 de enero del próximo año 2023 y las elecciones se realizarán el 5 de febrero del mismo año; desde ya, se perciben tiempos de campaña, o conocido comúnmente como PRECAMPAÑA, siendo esto una práctica común en la política ecuatoriana, donde las y los actores políticos oficializan sus candidaturas y dan a conocer sus perfiles y propuestas a fin de obtener un mayor número de simpatizantes que permitan asegurar el curul pretendido. 

 

Al tiempo actual, esta práctica -mayormente se lleva a cabo en medios digitales (redes sociales) a través de videos e imágenes con publicidad pagada. Lo que llama la atención es que, varios candidatos se alejan de hacer llegar su mensaje y propuesta política, pretendiendo llegar a la sensibilidad de las y los electores, publicitando actos de caridad en su mayoría a favor de grupos vulnerables que casualmente solo lo realizan en tiempos de política; aunque si bien es cierto, todo acto de caridad es digno o merecedor de un aplauso, no es menos cierto también, que valerse de aquello para obtener un curul es indigno. Otro error, es referirse mal de los demás aspirantes, llegando muchas veces a una violencia política, alejándose aún más de su máximo fin, que es proponer proyectos y demostrar cómo ejecutarlos, para así convencer y obtener votos. 

 

Estimado lector(a), exijamos propuestas ejecutables y con sentido humano, pero conforme a las competencias de cada curul. 

  

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Garantías jurisdiccionales

El Ecuador es un Estado Constitucional que prevé un sinnúmero de derechos a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y naturaleza; sin embargo, no basta con tan solo meras enunciaciones, sino que, es necesario mecanismos de protección

Dentro del marco constitucional, las garantías jurisdiccionales son el mecanismo para prevenir, cesar o enmendar vulneración de derechos. En el caso de Ecuador, se han definido las siguientes acciones jurisdiccionales: acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y acción extraordinaria de protección. 

La acción de protección tiene por objeto la tutela o amparo de todos los derechos constitucionales a excepción de los derechos que estén amparados por las otras garantías jurisdiccionales.

Por su parte, el ejercicio de la acción de habeas corpus y habeas data, tienen como fin recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima y de proteger aquellos datos que cumplan con una función informativa respecto de las personas o sus bienes; así como requerir su actualización, eliminación, rectificación o anulación de dicha información, respectivamente. 

La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna.

Por último, la acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, en el orden dado, garantizan la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de derechos humanos; y que la supremacía de la constitución sea segura, es decir, proteger los derechos constitucionales que han sido vulnerados por la acción u omisión en un fallo judicial.

 

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Paternidad voluntaria

La Identidad es un derecho fundamental inherente a todo ser humano, que básicamente consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona. Es el conjunto de atribuciones y características que permiten individualizar a la persona en un Estado, un territorio, una sociedad y una familia. Constitucionalmente, este derecho se encuentra previsto en su art. 68 numeral 28.

Por otra parte, debemos entender que, la paternidad se puede establecer de tres formas: primero, por disposición de la ley, es decir, cuando un hijo nace dentro de un matrimonio o unión de hecho, donde se presume su paternidad; segundo, por declaración judicial, es decir, por orden de un Juez, previo a una demanda, y; tercero, por reconocimiento voluntario, a sabiendas que no es su hijo biológico, o por engaño haciéndole creer aquello. De este último, el Código Civil ecuatoriano, dispone que “el reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce. En todos los casos el reconocimiento será irrevocable (…) La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la impugnación de reconocimiento que no se discute la verdad biológica.”

Entonces, queda claro que, la aceptación voluntaria de la paternidad, pese a no existir un vínculo consanguíneo que los defina como padre/madre e hijo, surten efectos de derechos y obligaciones, por ejemplo, sufragar pensión alimenticia, heredar, etc. Y que este reconocimiento es irrevocable a petición del reconociente, sin embargo, bien lo puede impugnar el verdadero padre, el hijo y otros que tengan interés en ello.

Diferente es, que el reconocimiento se haya hecho creyendo existir un vínculo consanguíneo por medio de engaños; en este caso, correspondería demandar la nulidad del acto de reconocimiento, es decir, demostrando que existió error, fuerza o dolo.

 

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Camisetazos

Las próximas elecciones seccionales de Ecuador se llevarán a cabo el 5 de febrero del próximo año; según el calendario dispuesto por el CNE. En este ejercicio de la democracia se designará a prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, y vocales de las juntas parroquiales.

Deplorablemente, en nuestro país se acostumbra a una mala práctica política, “LOS CAMISETAZOS”, esto es que, los aspirantes a ocupar nuevas curules y especialmente quienes pretenden reelegirse, suelen cambiarse de bando previo a un “calculo” enfocado a la popularidad de los partidos políticos, como si se tratara de un cambio de equipo de fútbol. Sin embargo, bien o mal, esta práctica goza de legalidad y democracia, lo inusual parte de la impudicia a la forma y momento de hacerlo, siendo manifiesto el oportunismo y conveniencia personal de las y los candidatos, demostrando que muy lejos está la afición de servir.

A nivel nacional y local, ya se percibe un ecosistema político, con fichajes reflejados en discursos con osadía donde se suele manifestar haber desacuerdos internos con el partido político al que -aún- pertenecen o pertenecieron inicialmente, a fin de justificar la INFIDELIDAD POLÍTICA del que serán parte. Ahora bien, lo más desvergonzado es pretender participar en un partido político del cual en su momento se actuó en contra por no compartir ideologías o por diferencias personales con su líder.

Estimado lector, estimada lectora: Aunque este tipo de actos son típicos en nuestra política ecuatoriana; usted y yo podemos y estamos en la obligación cívica de cambiar esta mala práctica, ¿cómo hacerlo? primero; siendo partícipes directos en ejercicio del derecho constitucional de “ser elegidos”, segundo; elegir con responsabilidad para el beneficio común.

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Protesta social

Ecuador vive una crisis en su sistema político, económico y social; esta situación, ha inferido en que las nacionalidades indígenas y organizaciones sociales afines, tomen una postura de protesta social, la misma que desde el día de ayer se ha visto reflejado en un paro nacional.

Desde siempre, la protesta social ha sido el medio de lucha de la ciudadanía, para el reconocimiento y reivindicación de los derechos humanos que históricamente han sido olvidados o relegados. Tanto así, que la protesta social dentro del marco constitucional, es reconocida como un derecho, lo que nos permite que todo individuo, organización y colectivo sea libre de opinar y expresar su pensamiento en todas sus formas y manifestaciones, como también ejercer la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público, personas naturales y jurídicas que vulneren derechos constitucionales. Estos derechos se encuentran previstos en los artículos 66.6, 66.13 y 98 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE).

Ahora bien, el derecho a la resistencia como todo derecho tiene un límite, puesto que el abuso del mismo podría representar un ilícito. En ese contexto, hay que entender que, existen responsabilidades y obligaciones que las y los ciudadanos debemos cumplir, según lo señalado en el art. 83 de la CRE. Es decir, la resistencia debe ser ejercida de manera legítima, dentro del marco constitucional, legal y democrático.

Esperemos que la protesta social iniciada el día de ayer, se lleve a cabo dentro del marco constitucional y legal, por parte de los manifestantes como también del Estado por medio de la fuerza pública, donde la represión no termine en opresión o abuso del mismo. Que no se repita lo sucedido en octubre de 2019, y que el diálogo prime en este Estado Constitucional de Derecho y Justicia, Ecuador.

 

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Contravenciones de tránsito

Las y los usuarios de la red vial a nivel nacional, están expuestos a cometer infracciones de tránsito, las mismas que bien pueden ser delitos o contravenciones, según lo previsto en el art. 19 del Código Orgánico Integral Penal. Estas contravenciones se encuentran distribuidas en siete clases, en un orden de mayor a menor gravedad, con penas que van desde la reducción de puntos, sanción pecuniaria, trabajo comunitario y hasta privación de libertad.

Claro está, que las contravenciones de tránsito pueden ser impugnadas dentro de los tres días (laborables), a partir de su emisión; pero además, son susceptibles a la prescripción de la acción, siempre y cuando no se haya citado o notificado de su presunto cometimiento dentro de los tres meses; e inclusive, es impugnable por el solo hecho de no notificar, sin necesidad de transcurrir los tres meses, por cuanto se violenta el debido proceso, haciendo caso omiso a la resolución de la Corte Constitucional No 71-14-CN/19.

Un gran porcentaje de contravenciones impugnadas, se resuelve con sentencias ratificatorias de inocencia, pero no siempre fundadas en no haber incurrido en una contravención, sino más bien, atacando errores en cuanto al procedimiento o contenido de la boleta de citación. Ejemplo de ello, las boletas de contravenciones captadas por foto radar, específicamente por exceso de velocidad dentro del rango moderado, emitidas por la EPMT de Santo Domingo, donde se tipifica un artículo diferente al que se pretende responsabilizar, atentando gravemente al principio de legalidad y seguridad jurídica.

Por otra parte, también debemos ser responsables al momento de acceder al servicio de la justicia y no abusar del derecho, pretendiendo obtener resultados ajenos a la realidad, tratando de evadir las responsabilidades que conlleva ser usuario de la red vial.

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Detrás de un indigente

El ser humano, por naturaleza, se encuentra expuesto a cometer errores que conllevan a tomar decisiones equivocadas, muchas veces impulsadas por antecedentes que han marcado sus vidas; normalizando lo que no es correcto. La indigencia, es una de sus consecuencias, comprendiendo entonces que, detrás de un indigente existe una historia. Este “estilo de vida”, abre sus puertas a todas las personas sin distinción alguna, pues hemos visto, desde niños y hasta ancianos ser parte de aquello. Claro está, que los niños no son más que herederos de este problema, siendo víctimas de decisiones de sus responsables

Detrás de cada indigente, existen historias diferentes, a muchos la vida los ha golpeado con situaciones dolorosas, tales como la pérdida de seres queridos, falta de afecto, abandono, abuso, explotación, extrema pobreza, o simplemente inmadurez. Sin embargo, independientemente del porqué, es inherente la condición de ser humano, merecedor de respeto, trato digno, y de oportunidades que permitan recuperar sus sueños reflejados en sus rostros perdidos.

Mayormente, el uso y consumo de drogas y alcohol, es el primer paso que conlleva a vivir en la indigencia y aguantar en ella, situación que la aleja de la realidad. Por ello se cree que todo indigente se encuentra solo, pero no siempre es así, pues detrás de ellos, también hay una familia que adolece y busca su ayuda. Detrás de un indigente, hay una familia con recuerdos de una persona con virtudes, con talento, con sentimientos y con muchos sueños que por una mala decisión se truncaron.

Invito a ayudar en lugar de juzgar. Ayudar no solo implica dar dinero, también lo podemos hacer mediante el respeto y un trato digno, no permitiendo considerarlos invisibles ante los ojos de la sociedad. Esa sociedad con corrupción, pobreza y desigualdad.

 

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Ayuda prenatal

La ayuda prenatal es un derecho inherente de toda mujer embarazada desde el momento de la concepción, parto y hasta los 12 meses de nacido el bebé; este derecho garantiza, un desarrollo adecuado durante y después del embarazo, comprendido de: alimentación, vestuario, atención del parto, puerperio y lactancia.

En el Ecuador, la ayuda prenatal es un derecho materializado en el Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente en su artículo 149, en concordancia con la Constitución que ha considerado a la mujer embarazada como parte del grupo de atención prioritaria, permitiéndole activar este derecho por medio de una acción judicial (demanda), donde se deberá probar en lo principal dos aspectos básicos; primero, demostrar que se encuentra en estado de gestación y; segundo, demostrar que existió un tipo de relación con el demandado, que lo presuma como el progenitor. Durante el proceso, una vez producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la práctica de las pruebas biológicas (ADN) a fin de llegar a la convicción de la paternidad del demandado.

En su gran mayoría, por desconocimiento de esta facultad de reclamar ayuda prenatal, las madres suelen interponer -únicamente- demanda de pensiones alimenticias; siendo dos figuras legales y derechos distintos e independientes, no obstante, la ayuda prenatal solo se la puede interponer hasta los 11 meses de nacido el bebé. Entonces, podemos comprender que la ayuda prenatal, garantiza, en parte, las necesidades básicas de una mujer embarazada y por ende del neonato.

Este derecho es un acierto en la normativa del país, sin embargo, hay que fortalecer su difusión y socialización, a fin de que toda mujer embarazada tenga un desarrollo adecuado que permita el nacimiento de un bebé en condiciones dignas.

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Regreso a clases

Después de dos años de educación virtual, los estudiantes regresan a las aulas; disposición que se ha tomado con mucho entusiasmo y a la vez incertidumbre, esto debido a que la ausencia en las instituciones educativas, conllevó a una “nueva normalidad”, y a más de ello, se heredó secuelas que limitan un óptimo regreso presencial.

La covid-19, nos adaptó a un nuevo estilo de vida, entre ellos, suplir las clases presenciales por lo virtual, que, si bien es cierto, en países de primer mundo, se lo denomina “modernización de la educación”; sin embargo, en Ecuador y toda Latinoamérica, ha sido un retroceso por cuanto la democratización al acceso de la tecnología está por debajo de lo que permitiría una educación de calidad. Ahora bien, las clases virtuales, pese a que se requiere cubrir costos como internet y demás herramientas tecnológicas, significa un ahorro a diferencia de los costos que acarrea las clases presenciales, tales como, uniformes, útiles, transporte, colación, etc. Entonces ¿sacrificamos calidad de educación por ahorro? A mi parecer no.

Otro punto preocupante es, como el Estado, el Ministerio de Educación y demás responsables, en el transcurso de los dos años de ausencia estudiantil presencial, poco o nada se han preocupado por la fachada de las instituciones educativas –públicas-, que en su gran mayoría se han visto afectadas infraestructuralmente, llegando al punto de ser cerradas por no contar con las garantías básicas para ser utilizadas, y en secuencia generando cambios –drásticos- de planteles en los estudiantes, muchas veces lejanas a su domicilio.

A todo esto, se suma la crisis económica e inflación actual que vive el país, lo cual dificulta cubrir los gastos que significa el regreso a la educación presencial, ante ello se espera el apoyo necesario por parte del Estado.

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