Hemos de advertir que la inseguridad ciudadana es y debe ser una preocupación permanente de los órganos de la administración de justicia, a cuyo cargo está la aplicación regulada, mesurada y equilibrada del poder punitivo del Estado en los términos de lo que establece nuestra Constitución y demás leyes.
No se puede entender el funcionamiento racional de la sociedad si el Estado no ejerce el control de la delincuencia y garantiza los derechos de las personas con normas preestablecidas y órganos de la administración pública dotados de las herramientas legales e implementos para su prevención y sanción.
En la práctica, la tranquilidad y paz social no están únicamente en manos de la fiscalía y de los jueces, sino también de todos los ciudadanos que debemos coadyuvar y prestar nuestro contingente para la prevención del delito y el combate a la corrupción; además, los operadores de justicia deben estar dotados de leyes que no permitan con facilidad la impunidad. El COIP es un instrumento legal que utilizan los delincuentes para salir en libertad en menos de 24 horas cualquiera que sea el delito cometido; pues todas las reformas hechas han sido elaboradas en su favor, dejando inseguros a los ecuatorianos.
Se ha querido solucionar el hacinamiento carcelario poniendo en libertad a los presos; nada más bárbaro, puesto que ello supone el olvido de la ciudadanía honrada y de trabajo. Nadie ha pensado en construir más cárceles para reducir la población carcelaria en bloques alejados unos de otros a efecto de distribuirlos de acuerdo a su grado de peligrosidad.
El aumento de penas y la sumatoria de condenas tampoco ha dado resultados favorables; más bien, aquello les ha hecho perder la esperanza de salir en libertad, permitiendo entonces la organización delincuencial interna para desde los centros de perfeccionamiento del delito (este nombre sería más apropiado) planificar el atentado en contra de la sociedad.
La seguridad es integral y sus componentes mínimos son: educación, trabajo, salud, y fundamentalmente castigo a los malos funcionarios públicos que sirven de mal ejemplo.