Gonzalo Yépez Palma
Haciendo un análisis objetivo del tema delincuencial, percibo tres escenarios que se están dando en el país.
El primero, un gobierno que se asoció con el narcotráfico, recibió recursos para campañas electorales, cumplió condiciones impuestas por los grupos criminales, cambió el marco jurídico nacional para permitir la impunidad y la libre circulación y consumo de la droga (tabla de consumo), rechazó apoyo extranjero para combatir el narcotráfico, entre otras ejecutorias que muchos ecuatorianos nos quedamos absortos. Pero como aquel gobierno gozaba de amplia simpatía popular, hacía y deshacía lo que a bien le convenía a las organizaciones delincuenciales.
El segundo, es un gobierno que quiso “sacudirse” de esta lacra social, pero le faltó firmeza para limpiar lo que se había podrido en una década e inclusive tuvo muchos compromisos retroactivos que le impedían tomar decisiones firmes. Este gobierno no tuvo valentía para provocar reformas legales que le permitan gobernar y atender la demanda ciudadana. Intentó y tuvo que afrontar las primeras reacciones con atentados y secuestros.
Al siguiente gobierno también le faltó firmeza. Supuestamente, no tuvo tiempo para continuar lo que inició su predecesor. No tuvo apoyo de la Asamblea Nacional, liderada por el grupo político que ha acaparado mayorías legislativas en los últimos años. Tomó malas decisiones y, para concluir, no concluyó su período presidencial.
Ahora estamos viviendo un tercer escenario que se veía venir. El Gobierno actual está “metiendo el dedo en la llaga” y como consecuencia lógica, se ha declarado la guerra interna en Ecuador, pues estos grupos terroristas difícilmente se doblegarán; por el contrario, intentan a toda costa desatar toda su furia para lograr sus más protervos intereses narcoterroristas.
Es el momento entonces, de que todas las fuerzas políticas depongan sus intereses partidistas y luchen intensamente para acabar de una vez por todas con estos grupos delincuenciales. Solo eso pide el ecuatoriano: que haya tranquilidad para poder trabajar, que haya estabilidad para poder invertir y que el mandatario pueda gobernar pensando en el interés colectivo.