No hay inconstitucionalidad en bajar remuneraciones, eliminar tributos, suspender juicios coactivos, ejecutivos, remates, porque el país atraviesa un estado de calamidad social, económica, ética, producto del atraco y despilfarro, durante la década infame 2007-17, agravada por el virus chino. Por tanto, es aplicable la norma 3.1 de la Carta Montecristi, a fin de garantizar sin discriminación, el efectivo goce de derechos constitucionales, siendo el mayor de éstos, el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, agua potable, vivienda, educación, empleo, vestido, seguridad social.
Los mismos que no pueden hacerse efectivos, si mantenemos el actual sistema de inequidad, donde unos pocos perciben de 2.500 a 5.000 dólares mensuales, 40.000 burócratas, tienen ingresos superiores a 50.000 dólares anuales, mientras 16 millones de personas, sobreviven con 90 dólares al mes.
La inequidad salarial, es producto de la economía concebida en la década de mayor bonanza petrolera en nuestra historia, que dejó de tener sustentación, en el actual desastre que atraviesa el país, agudizado por el terrorismo, propiciado en los paros de octubre 2019 y junio 2022 que generan perjuicios de 1.800 MUSD; en tal sentido, vulnera el derecho a la igualdad, contenido en la norma 66.4 CR, tornándose el actual sistema laboral y de remuneraciones, incontrastablemente discriminatorio. Coarta además, el ejercicio de los derechos a la libertad de contratación, a desarrollar actividades económicas, a la propiedad privada, determinados en los numerales 15, 16 y 26 del Art. 66 CR. De conformidad con el Art. 427 ibídem, que dispone: «las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezcan a la plena vigencia de los derechos»; es inobjetable, que el mayor derecho humano, es el que tenemos todas las personas, a una vida digna, no solo unos pocos privilegiados que gozan de trabajo, a través de la beneficencia pública, puesto que les pagan del ahorro que se sustrae a nuestras familias, por medio de impuestos.