Según estadísticas internacionales Ecuador es uno de los países con el índice de criminalidad más alto de América del Sur. Situación que retrata la dimensión y el impacto de los mercados y actores criminales en la sociedad ecuatoriana y la evidente incapacidad de las instituciones para enfrentarlo. Siendo una de las razones la falta de involucramiento y cooperación de todos los organismos competentes en materia de seguridad.
Analicemos brevemente la Ley, y cuáles son las entidades obligadas a dar cumplimiento. El Art. 393 de la CRE, indica que “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas…” Resalto “acciones integradas” como elemento fundamental, pues la responsabilidad en temas de seguridad ciudadana también es de los gobiernos seccionales. Tal como lo define el COOTAD, en el Art. 50, literal n) Atribuyendo a los GAD´s provinciales la coordinación de un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad de cada provincia en articulación con el gobierno central, Policía Nacional y la ciudadanía. Así mismo, el Art 54 ibidem, letra n) confiere a los GAD´s municipales la “creación y coordinación de los consejos de seguridad ciudadana con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados…”
Por tanto, entendemos que, para reducir la inseguridad de los territorios, es indispensable que los GAD´s y las gobernaciones se organicen y establezcan objetivos, prioridades, zonas de intervención y estrategias acorde a su realidad. Son estas entidades las que deben coordinar y definir los roles y procesos de actuación. Ya que delegar a la Policía la gestión de la seguridad limita el accionar e impide alcanzar resultados efectivos que logren poner alto a las actividades delictivas.