Ha pasado un año, y el parsimonioso régimen, nada hace para: Reducir impuestos, que son el modo de robar el ahorro de las familias. Declarar ilegítimos, los préstamos adquiridos transgrediendo el Art.290.1.2 CRE, durante la década de mayor bonanza petrolera e ingreso fiscal 2007-17. Anular la renuncia a 188 millas de mar territorial, suscrita por un Canciller extranjero. Reeducar en valores morales, cívicos, patrióticos, históricos, culturales y en contrainsurgencia a la fuerza pública. Exigir la inconstitucionalidad de la amnistía a terroristas. Organizar la población civil, en Frentes de Defensa de la Libertad, forjando civismo que propugne valores (Dios, libertad, familia, patria, progreso, propiedad), para neutralizar hostilidades en coordinación con la fuerza pública. Devolver a la sociedad, el derecho a portar armas, para su defensa. Incorporar a las infracciones imprescriptibles del Art.233 CRE: la investigación de Contraloría para establecer responsabilidades; el prevaricato judicial; la traición a la Patria; sancionándolos con 40 años de reclusión e incautación de bienes. Obligar a los jueces a anteponer, en toda resolución, el interés general de la sociedad, al interés particular de los infractores. Eliminar los subsidios: al crimen (gasto en cárceles y defensores públicos), a la política (asignación a organizaciones políticas), a la irresponsabilidad (bono por embarazo), a la vagancia (bono por pobreza). Devolver a la dolarización su objetivo de desarrollo, no de despilfarro. Disolver la Asamblea y disponer Consulta, con las preguntas aprobadas por la CC, en Dictamen 7-19-RC-19, que son las que desarman el narco-Estado.
Si eso no demuestra ineptitud, no sé cómo se lo pueda calificar. En los calificativos a la gestión pública, mientras no sean falsa imputación de delitos, no hay ofensa. En cambio, el ejercicio cívico merece el más absoluto respeto, porque es la autoimposición gratuita de quien se dedica a impulsar una causa cívica, en beneficio general.