A raíz del archivo del proyecto de la Ley de Inversiones, el pasado fin de semana el presidente Guillermo Lasso presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de varios asambleístas de la bancada de Pachakutik, quienes, a razón del Primer Mandatario, habrían solicitado favores a cambio de apoyar su propuesta de ley.
El archivo del proyecto constituyó el último fracaso de la exministra Alexandra Vela, quien, a través de una extensa carta, renunció al Ministerio de Gobierno. A pesar de su derrota, es entendible que Vela no logró generar acuerdos con los sectores que provocaron la crisis que padecemos; quienes, a más de pretender imponer una agenda para desvanecer las responsabilidades penales que enfrentan sus coidearios, quieren tomarse por asalto las otras funciones del Estado.
El ejecutivo y el legislativo han cerrado cualquier posibilidad de lograr acuerdos a favor de la gobernabilidad y de la producción de leyes en beneficio del país. A esto se suma la persecución como una forma de amedrentar a quienes no están en la misma línea. Una vieja práctica que al parecer el presidente impondrá en su gobierno. Para entender este momento, basta con citar la solicitud que hiciera el presidente para que el SRI investigue al excandidato presidencial Xavier Hervas.
¿Es correcto denunciar a Pachakutik o indagar el pago de impuestos de cualquier ciudadano? Sí, pero no a destiempo ni alborotando a la opinión pública para ocultar el fracaso del Gobierno. Cualquier denuncia o amedrentamiento posterior a una votación, es sinónimo de venganza e incluso de complicidad.
En estas condiciones, ¿es prudente invocar a la muerte cruzada? Si el presidente opta por este mecanismo, él podría cumplir parte de sus promesas de campaña con el riesgo de no llegar a la Presidencia por segunda ocasión. Por otro lado, el Primer Mandatario podría salir victorioso si disuelve la Asamblea Nacional: Lasso se convertiría en un héroe porque el repudio por los legisladores es un sentimiento nacional.
Al descartar la muerte cruzada, ¿podrá Guillermo Lasso consensuar con una institución a la que calificó de corrupta? ¿Conseguirá gobernar mediante reglamentos y decretos? El tiempo lo dirá, mientras tanto, el Gobierno titubea y su tibieza pronto le pasará factura.