Wellington Toapanta
No son novedosos los turbios procesos de formación de la ley y actos parlamentarios en la Asamblea Nacional. Los malabarismos sobre el proceso de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, registran continuidad de hechos similares en la Constituyente, en la Comisión Legislativa y de Fiscalización, como en el pleno de marras, desde el 2008. Entonces el correísmo fue contraventor de sus plazos establecidos en la Constitución, aprobada ‘entre gallos y medianoche’, revestida de la pretensión ególatra de que regiría al país durante 300 años.
Así, la inefable Ley Orgánica de Comunicación, como otras leyes, debió ser aprobada “en el plazo máximo de trescientos sesenta días”, 12 meses, desde el 20 de octubre del 2008, pero se la hizo sin discusión e integralmente después de 44 meses, el 14 de junio de 2013, con fiesta callejera. A última incluyó el absurdo de que la comunicación ‘es un servicio público’.
Ahora el empeño correísta es reformar el COIP para entorpecer investigaciones y sentencias penales firmes. Aquella Ley de Comunicación fue su artera arma para perseguir periodistas y medios de comunicación independientes del pensamiento gubernamental. El Código, ley especialísima, exige discusión y voto artículo por artículo, pero enarbola voto por ‘bloques’, figura ausente en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como pretende hacer ‘combo’ en los juicios políticos contra Fausto Murillo y Juan Morillo.
Parecen ser nuevas fases del asedio correísta contra la endeble seguridad jurídica, por su desesperación de encasillar normas y actos que promuevan impunidad para sus ‘líderes’ sentenciados y procesados penalmente, relegando urgencias de seguridad, inversiones, empleo y bienestar nacional.
El Art. 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que en el segundo debate “se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, por títulos, capítulos, secciones o artículos…”, no menciona ‘bloques’. Se ha vuelto usual el desecho de discutir y votar artículo por artículo. Las imputaciones, los juicios políticos, son individuales, no por ‘bloques’ que se enmascaran en las mentes de legisladores y parlamentarios nada ortodoxos.