Wellington Toapanta
No solo jurídicas son las secuelas de los casos Metástasis, Purga, Plaga que estremecen la institucionalidad, la seguridad del Ecuador, también ensombrecen procesos de bienestar, que se pueden revertir si, con urgente voluntad política, comienza el proceso de reemplazo de la nefasta Constitución vigente con firmes principios que alienten desarrollo económico, social y político.
El ordenamiento legal implantado desde el 2008, monitoreado por el entonces gobernante, fue inoculado en la cotidiana convivencia social con la antiética, no solo en gestión pública. El detrimento de la escala de valores que hoy aflige al país fue germinado en esos tiempos, con manipuladas ‘sabatinas’ populistas.
Narrativas sociológicas y psicológicas de Metástasis, Purga, Plaga y otros no excluirían la mordaz voz sabatinera, porque los malabares de las tramas de sus sindicados evocan entramados experimentados en aquellos días, como lo de semejar ‘acuerdos entre privados’ con sobornos y coimas.
Se constitucionalizó, legalizó, subsiste, el comercio y consumo de estupefacientes, a pretexto de derechos, permitiendo escalar operaciones ilícitas que han llegado a los administradores de justicia, jueces, fiscales, policías, comercializadores de medicamentos en pandemia, poniendo en diaria agenda sobornos, extorsiones, lavado de activos, sicariatos.
Esa degradación es símil con procesos de esquilmar recursos al IESS, a Petroecuador, hasta dejarlos en deplorables situaciones, sin dinero para comprar medicinas para afiliados, para ampliar el horizonte petrolero. Con malabares desaparecieron otras empresas, instituciones.
Son múltiples los signos de despilfarro fiscal, sobreprecios, contratos secretos; perversamente utilizaron la pobreza social para proliferar bonos sin beneficio de inventario; organizaron a los beneficiarios para razones electorales, no para motivar actividades productivas, con créditos especiales.
Cualquier precepto constitucional vigente trasluce engaño, como aquello de que la fuerza pública no es deliberante, pero le concede voto facultativo para cuyo ejercicio debe deliberar; mejorar la calidad y esperanza de vida, pero pone trabas para explorar y explotar recursos naturales. Los jueces nacionales se organizan en salas especializadas, pero los de primer nivel, sorprendentemente, son multicompetentes. La vigente Constitución es obstáculo para la seguridad jurídica, para el desarrollo económico, social y político del Ecuador.