Franklin Barriga López
Dos asesinatos, llevados a cabo en plena campaña electoral, de candidatos a las alcaldías de Salinas y Puerto López, en las provincias de Santa Elena y Manabí, respectivamente, fueron divulgados de manera amplia por agencias internacionales de noticias.
Igual cobertura tuvieron otros hechos sucedidos especialmente en la Costa ecuatoriana, algunos de los cuales menciono a manera de muestreo: ex vocal del Consejo Nacional Electoral en El Oro, falleció en Machala; en Quevedo, un político, cuando salía de una entrevista en un medio de comunicación digital, recibió disparos que acabaron con su vida; en concentración efectuada poco antes de la reciente campaña electoral, en Santo Domingo de los Tsáchilas, hubo disparos que dispersaron a los aterrorizados asistentes; en Esmeraldas, un decano y un profesor de la Universidad Luis Vargas Torres, perecieron baleados.
Ante el último homicidio, el del candidato a burgomaestre de Puerto López, la Misión (2023) de Observadores de la OEA a las elecciones de Ecuador, luego de condenar enérgicamente el asesinato y de exigir una pronta investigación para esclarecer el crimen, advirtió lo que no es desconocido en nuestro medio y que causa alarma social, debido a manifestaciones de violencia por motivaciones políticas, con lo cual se advierte que este fenómeno va escalando en peligrosidad.
Puede analizarse los altos índices de criminalidad tan solo con la referencia a enero del año en curso, en donde, en la Zona 8 (Guayaquil, Daule y Samborondón) se produjeron 166 asesinatos intencionales, lo que revela marcado ascenso en relación con los años precedentes. Se ha denunciado que ya hay escuelas para sicarios.
Los mencionados observadores expresaron, además, que la violencia no es compatible con la democracia, por tanto se la debe neutralizar con medidas prontas, reales, efectivas.