Se multiplican las incertidumbres: si en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se ponen de acuerdo, quizás Ecuador tenga un nuevo Contralor dentro de medio año más o menos, pese a que ya se cuenta con un Reglamento para designarlo.
En el documento figura una obviedad: los postulantes deben ser ecuatorianos, mayores de 18 años y estar en goce de sus derechos políticos. Aparte de los documentos de rigor, los aspirantes deberán presentar una evaluación psicológica. Esto parece necesario luego de un excontralor prófugo de la justicia y otro con prisión preventiva.
A ello se suma la pugna por el puesto de contralor en las vacancias que siguieron. Otro añadido es la quema de las oficinas y destrucción de registros de la Contraloría, en octubre de 2019 y las versiones contradictorias acerca del almacenamiento de los que se pudieron rescatar.
Quienes elaboraron el reglamento quizás pensaron que, para desequilibrados, con ambos es suficiente. Este hecho es la comprobación de un descalabro que no parece tener fin. Los miembros del Cpccs solo encadenan desencuentros acerca del camino a seguir. Pareciera que el país no necesita de este funcionario y que el Estado puede prescindir de la institución.
En otras ocasiones el Estado de Derecho ha sufrido duros embates y a ellos se añade esta tragicomedia. Este Consejo figurará en la primera fila de los malos recuerdos de nuestra historia reciente. ¿Cómo olvidar esta versión tan insultante de lo que debería ser una institución del Estado?
Su ineficacia y descoordinación son sus rasgos distintivos. Y así pretenden representar al pueblo. Ecuador ha cambiado. El Ejecutivo está en otras manos. Se habla de un referéndum con la desaparición del Cpccs y otros esperpentos constitucionales en primera línea. La Asamblea Nacional, a pesar de que sus mayorías aún huelen a correísmo, sigue embelesada mirándose en un espejo difuso.