En Tungurahua, el Gobierno tiene 15 entidades que pagan arriendos para sus oficinas, en estos se gastan 374.411 dólares por cánones anuales de alquiler.
Según los registros de autorizaciones, que constan en los archivos de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, desde el año 2017 hasta el año 2021, las entidades de la Función Ejecutiva arriendan bienes inmuebles pese a que se cuenta con espacios estatales que se pueden ocupar.
Esto se dio a conocer luego de que Fernando Gavilanes, Gobernador de Tungurahua, pidiera un inventario de los espacios disponibles que no terminan de ocuparse, pese a que administraciones de Gobierno anteriores lo anunciaran.
Gavilanes aseguró que hará oficial la ocupación de las instalaciones tanto en el Centro Comercial Caracol, como el Palacio de Justicia para ahorrar recursos que serán utilizados en otras prioridades.
Registros
Inmobiliaria tiene competencias para autorizar arrendamientos de bienes inmuebles privados para uso de las entidades de Gobierno.
Las entidades arriendan un total de 23 bienes inmuebles para uso institucional para 661 funcionarios.
Hasta el momento en el Centro Comercial Caracol, esta Secretaría Técnica mantiene 181 predios (96 locales, 67 parqueaderos, 18 bodegas), de los cuales están arrendados 14 locales, cuatro parqueaderos, dos bodegas; 61 locales, 33 parqueaderos y seis bodegas se han entregado a ocho entidades del Gobierno, con la finalidad de optimizar recursos.
El 18% restante (21 locales, 14 parqueaderos – excluidos los 16 de visita – y 10 bodegas) están en proceso de asignación a instituciones públicas con un trabajo conjunto con la Gobernación de Tungurahua.
El traslado de las entidades se proyecta hasta finales de este mes debido a que al momento se realizan adecuaciones dentro de sus instalaciones.
EL DATO Se tiene previsto el traslado de varias de estas instituciones hasta finales de este mes o inicios de agosto
Traslados sin concluir
Aunque esta información no es nueva debido a que en años anteriores ya se anunciaba traslados que nunca se dieron, los gobernadores desconocían por qué nunca se dejó de arrendar pese a tener disponibilidad de espacios.
Un ejemplo es en 2019, donde se identificó que tres instituciones gastaban 10 mil dólares por concepto de arriendo, en 2018 el traslado de las instalaciones ahorraría al Estado más de 223 mil dólares anuales, inclusive se habló de plazos de tiempo y jamás sucedió. O en 2017, siete instituciones gubernamentales generaban un gasto superior a los 19 mil dólares mensuales.
Todos estos casos tenían el mismo discurso, ahorrar recursos del Estado, pero nunca se hizo efectivo lo prometido. (CNS)