José Alvear
Podrá el futuro expresidente, Guillermo Lasso, pintar los hechos del color que quiera, explicarlos en el tono y lenguaje que prefiera, pero lo cierto es que resultó ser el Gobierno de los escándalos y de los actos de corrupción.
Nos encontramos con un nuevo capítulo, al menos cuestionable, del Gobierno del encuentro. La compra de 51.870 chalecos antibalas. Un tema criticado desde lo económico y lo técnico, en este contexto, por ejemplo tenemos a representantes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que cuestionaron que los chalecos no cumplían con los requisitos técnicos que demanda la policía
A esto se suma la desfachatez del ministro del Interior, Juan Zapata que declaró ante los medios de comunicación, con total ligereza que lo quisieron sobornar con nada más y nada menos que USD $2.000.000. Esto ocurrió, según dijo, hace aproximadamente 8 meses. Lo imperdonable del caso es que Zapata no haya denunciado el intento de soborno. El Ministro perdió la memoria; asegura que olvidó los nombres de los ‘comedidos’ que le hicieron esta propuesta corrupta, antiética, indecente e inmoral. Un ‘olvido’ que podría convertirlo en un posible cómplice ya que decidió omitir el tema y colocó la denuncia 8 meses después de los hechos y tras sentir la presión de la opinión pública.
Lamentablemente esta historia se repite constantemente en el país. La casta de políticos y funcionarios públicos no llega a sus cargos consciente de la gran responsabilidad de administrar bien los recursos del Ecuador, sino para alimentar su vanidad y servirse del Estado y del poder.
En el modelo de administración libertaria no caben las omisiones cómplices; la ley es igual para todos. Se da prioridad a canalizar los impuestos cobrados en combatir la inseguridad capacitando, equipando, respaldando jurídica y moralmente a la policía y fuerzas del orden.
No hay chalecos antibalas que protejan contra la inmoralidad y corrupción a los gobiernos cómplices, tarde o temprano tendrán que responder al país a través de la Justicia.
Lo más triste es que tampoco llegan los chalecos antibalas para proteger a nuestra Policía Nacional, que sale todas las mañanas a luchar contra una delincuencia, que sí está equipada y preparada para generar pánico y zozobra en las calles del Ecuador.
Entre el 2022 y lo que va del 2023 han muerto 24 policías a manos de la delincuencia. Cifra alarmante que va en aumento. En el 2020 murieron 5 uniformados y en el 2021 cayeron 13.
No son cifras frías, son familias, seres humanos que mueren ante la vista de un gobierno indolente.
Ya es hora de cambiar esta realidad. De avanzar hacia un país en el que tengamos el derecho de caminar libres y seguros. ¡Por menos inmorales, menos Estado y más libertad!