Rodrigo Santillán Peralbo
Las profundas injusticias económicas, sociales, culturales y políticas, la inexistencia de una clara y eficiente política alimentaria, provocan desigualdades tan graves que causan desnutrición infantil, un elevado déficit alimentario en personas adultas y un significativo índice de desnutrición, porque, simplemente, no tienen qué comer debido a la infinita pobreza que golpea a más de 3 millones de ecuatorianos que viven en zonas urbanas y rurales.
La FAO sostenía que la seguridad alimentaria existe “cuando toda persona, en todo momento tiene acceso económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una vida sana y activa”, pero en Ecuador, país inmensamente rico y de variados pisos climáticos, las carencias para las inmensas mayorías contrastan con la abundancia y el desperdicio de alimentos que caracterizan a las minorías.
Los sectores que llevan sobre sus vidas el hambre y la desnutrición crónica son los niños pobres y las poblaciones indígenas que, irónicamente, siembran la tierra y cosechan sus productos. De acuerdo con cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, uno de cada tres niños ecuatorianos padece desnutrición; de ellos el 40% son indígenas que sufren las consecuencias de padecer desnutrición crónica con negativas consecuencias, inclusive en los procesos educacionales.
Es indispensable establecer una política moderna y adecuada que sea determinante en el momento de hablar de seguridad alimentaria que, será posible, cuando se imponga la justicia social que impida que grandes sectores humanos vivan con hambre. La pobreza que golpea a las grandes mayorías es consecuencia del aberrante sistema socio-económico.