Sara Salazar
En el tejido social de Ecuador, el vibrante escenario de la justicia social, la dualidad entre el derecho de igualdad ante la ley y la percepción del derecho como herramienta para imponer un sistema de privilegios se manifiesta con fuerza. Esta corriente de pensamiento plantea una crítica feroz a las políticas que buscan corregir desigualdades mediante la imposición de medidas especiales. Esta polarización ofrece un terreno fértil para la reflexión sobre el papel del derecho en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
La columna vertebral de la justicia social, el derecho de igualdad ante la ley defiende la premisa de que todos los individuos deben gozar de derechos y oportunidades idénticos, independientemente de su origen o condición. Este enfoque abraza la idea de una sociedad donde la ley actúa como un faro que guía hacia la equidad. Sin embargo, la implementación de este principio se ve desafiada por las complejidades inherentes a las dinámicas sociales y económicas.
En contraste, no debemos olvidar que el derecho, cuando se convierte en un instrumento para generar privilegios, socava los cimientos de la justicia social. Debemos tener en cuenta que las medidas que buscan nivelar el terreno de juego mediante la imposición de ventajas a ciertos grupos pueden derivar en una discriminación inversa y se convierte en una herramienta de división y resentimiento. Adicional en lugar de construir puentes, estas políticas generan barreras y perpetúan la polarización social. Debemos analizar y plantearnos preguntas incómodas sobre la eficacia real de estas políticas y su impacto a largo plazo.
La justicia social, cuando adopta la vía del privilegio, genera distorsiones que afectan la libertad individual y fomentan la dependencia del Estado. Sin embargo, los detractores de estas ideas argumentan que esta visión puede pasar por alto las desigualdades arraigadas y perpetuar estructuras de poder preexistentes, y reduciendo la complejidad de la justicia social a una dicotomía simplista.
Este dilema resuena en un país como Ecuador, que tiene una diversidad étnica, cultural y económica notable. La implementación de políticas que buscan corregir desigualdades puede encontrarse con obstáculos relacionados con la identidad, la distribución de recursos y las tensiones históricas entre diversos grupos.
La reflexión sobre la justicia social en Ecuador se ve enriquecida por la consideración de la realidad de las desigualdades arraigadas en la historia del país. La lucha por la justicia social debe abordar las desigualdades étnicas, económicas y regionales sin caer en la trampa de la simplificación o la imposición de privilegios que puedan perpetuar la división. Es relevante analizar la perspectiva de intelectuales ecuatorianos que pueden arrojar luz sobre la aplicación práctica de políticas de justicia social y su impacto en una sociedad tan diversa.
Debemos tener siempre presente que las políticas que buscan imponer privilegios en nombre de la justicia social son una forma de violencia estatal que amenaza la libertad individual y desencadena un ciclo vicioso de divisiones. La búsqueda de una sociedad más justa exige un diálogo inclusivo y comprometido que reconozca la complejidad de las dinámicas sociales y económicas. La justicia social debe ser un faro que guíe hacia la equidad, sin caer en extremos que puedan, inadvertidamente, perpetuar las mismas injusticias que se intentan superar.