Rodrigo Santillán Peralbo
Según algunos estudios y análisis, nueve de cada diez ciudadanos desconfían de la Justicia, ya sea por malas experiencias personales o por testimonios que circulan entre los diferentes estratos poblacionales que expresan inconformidad con el accionar de jueces y todo tipo de operadores. Naturalmente que hay jueces de elevada probidad ética y dueños de profundos conocimientos teóricos y prácticos.
Las críticas se centran en la lentitud de la administración de Justicia, al considerar que los diferentes órganos, en todos los niveles, actúan como si en verdad careciesen de legitimidad e imparcialidad, o como si esperasen dádivas o reconocimientos para actuar dentro de sus competencias. En el lenguaje común se expresa que siempre se necesita aceite para que ‘se mueva’ algún escrito dentro del proceso, con lo que se señala que la corrupción está presente en todas las instancias.
Lo cierto es que la administración de Justicia es lenta, quizá porque se necesiten más jueces y operadores en todos los niveles, ya sea porque se han incrementado los procesos judiciales o por la desidia imperante debido a la burocratización del sistema. Como siempre, el gran perdedor es el sujeto que, por alguna razón, se ha visto obligado a ser parte de un ‘interminable’ proceso.
La realidad de la administración de Justicia es deplorable por lo que se requiere de cambios radicales en todos los niveles, no solo en los altos estratos. La Justicia debe ser ejemplo de probidad sin el más leve asomo de corrupción. Con los obligados cambios, esta es la oportunidad para superar los ayeres y planificar un futuro libre de sospechosas actuaciones. La Justicia debe ser ejemplo de nitidez para recuperar la confianza y el prestigio. Difícil, pero no imposible. Este debe ser el actual reto.