Pablo Granja
Se cuenta que en un pueblo acogedor y tranquilo, cuyos laboriosos habitantes vivían en paz y armonía dedicados a la crianza de animales y al cultivo de alimentos, un día el burro de uno de ellos amaneció suelto ocasionando la destrucción de los cultivos de un vecino; la reacción fue disparar a las gallinas del dueño del burro, quien a su vez respondió quemando la bodega donde guardaba el alimento de las aves. La respuesta fue hacer lo mismo con el galpón donde el otro almacenaba el forraje, ocasionando la primera víctima mortal. Pronto estalló una balacera descomunal, con víctimas fatales entre las dos facciones. El resto de vecinos al llegar al lugar de los hechos tomaron partido entre los que estaban a favor de los que estaban a favor, a favor de los que estaban en contra, en contra de los que estaban a favor y en contra de los que estaban en contra. No faltaron quienes culpaban a las autoridades civiles y policiales por su incapacidad de restaurar el orden, que a su vez alegaban no tener los suficientes elementos para hacerlo. En resumen, nadie se quedó fuera de esta iracunda batalla campal. Fue entonces que notaron que el Diablo miraba inmutable lo que estaba ocurriendo, ante lo cual se acercaron para culparle de ser el autor del caos, a lo que él respondió: “yo lo único que hice fue soltar al burro”.
El país está atravesando sus horas más oscuras. De la isla de paz que era, se ha transformado en territorio de disputa. Voces calificadas de juristas y analistas, estudiosos y probos, coinciden en que esto mucho se debe a la vigencia de la Constitución de Montecristi, que propició la degradación de la institucionalidad del Estado, con la creación de instancias experimentales y las permisividades que contiene. Un ejemplo es el CPCCS, en donde convergen y se potencian las ambiciones. Tal permisividad es común en ciertos partidos políticos que escogen candidatos de elección por su labia o apariencia, sin importar lo ignorantes o cuestionados que sean.
Las limitaciones operativas y legales de las fuerzas del orden contrastan con las facilidades que tiene la delincuencia para operar impunemente; situación agravada por la complicidad de jueces corruptos o cobardes, que liberan a delincuentes reincidentes con antecedentes que producen escalofríos, burlándose del esfuerzo que significa ubicarles y aprehenderles. En esta sucesión de interferencias está la impunidad ocasionada por la Asamblea, por las amnistías a quienes deberían estar procesados por atentar contra la seguridad nacional y propiciar el rompimiento del orden constitucional; estimulando a los dirigentes del 7 por ciento de la población indígena a mantener bajo amenaza al gobierno y al país entero. Se explica porque adentro están los cómplices carroñeros que no han dejado de conspirar abiertamente. En su afán han recibido el desestabilizador espaldarazo de la Corte Constitucional, que acaba de admitir el llamado a juicio contra el presidente, por el supuesto delito de peculado cometido por un ex funcionario de alto nivel, delito que primero debería ser declarado por un juez penal para convertirse en causal válida. Esto no significa que no haya que investigar el ilícito denunciado, sino que los procesos tienen que ser evacuados correctamente. En este ‘todos contra todos’, el presidente tiene su cuota de participación por los incumplimientos de campaña, la facilidad para hacerse de enemigos y por dirigir un gobierno reactivo antes que propositivo.
Surge la primera pregunta de esta entrega: ¿qué será mejor, la muerte cruzada o la sucesión constitucional? Y la segunda, pero no menos importante, es: y ahora, ¿quién le amarra al burro?