Paco Moncayo Gallegos
Parecería que la presión ejercida por la opinión pública ha logrado una reacción positiva por parte de la Asamblea Nacional que, en sesión del 5 de enero, aprobó en segundo debate, con el voto a favor de 117 legisladores y solamente 4 abstenciones, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales (9) para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral.
Cabe destacar dos reformas fundamentales:
1) Al ‘Consejo de Seguridad Pública y del Estado’ se incorpora el Consejo Nacional de la Judicatura, la Función de Transparencia y Control Social, el ministro responsable del Sistema Nacional de Inteligencia y al organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de Atención Integral a Adolescentes Infractores; y,
2) La creación de un Consejo de Política Criminal integrado por quince miembros y presidido por el ente rector de la política criminal y de derechos humanos, responsables de la prevención y combate al delito.
En el aspecto punitivo, el Proyecto incluye el endurecimiento de penas y la tipificación de nuevos delitos para enfrentar las actuales amenazas; en particular, la forma de extorsión conocida como ‘vacuna’, con penas incrementadas si existe reincidencia o se realiza con amenaza de muerte, lesión o secuestro. Se aumenta también las penas para los delitos de terrorismo, robo con arma blanca o de fuego, intimidación a servidores públicos como jueces y fiscales, y el prevaricato que será sancionado con una pena de 7 a 10 años si el fallo judicial beneficia al crimen organizado. Se reforma además el sistema carcelario con medidas tendentes a superar los gravísimos problemas que son de dominio público y se incorpora la intervención de las FF.AA. en ámbitos relacionados con la seguridad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
En acto de justicia, cabe destacar positivamente el trabajo realizado, en un área muy compleja, por la Comisión de Seguridad, al margen de posibles enfoques discutibles, y el logro de haber alcanzado casi unanimidad en la aprobación de un cuerpo normativo de la mayor importancia para reactivar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.