Paco Moncayo
Son muy parecidas las condiciones que soportan algunos pueblos latinoamericanos víctimas de clases políticas mediocres y, en muchos casos, corruptas que gobiernan para sí mismas y los intereses de los grupos que los elevan y sostienen en el poder o, lo que es todavía peor, en alianza cómplice con estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. Pero parece que los electores se han cansado ya de esta situación insoportable y en Guatemala ha ganado las elecciones Bernardo Arévalo, un activista anticorrupción. En Ecuador a Fernando Villavicencio, alineado en la misma lucha, lo mataron.
En la segunda vuelta electoral Arévalo alcanzó una victoria aplastante sobre Sandra Torres ex primera dama del país, lo que se considera como un castigo al establecimiento político corrupto. No les sirvió haber logrado, con una decisión criticable de la Corte de Constitucionalidad, evitar que participe como candidata Thelma Aldana, la exfiscal que respaldaba la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo que tanto hizo para sancionar a delincuentes poderosos. Sus votos fueron en favor del candidato del partido ‘Semilla’.
Los intentos de algunos miembros del poder judicial guatemalteco de torpedear la candidatura de Arévalo en los dos procesos electorales fracasaron, pero no han cesado y existe una preocupación en la comunidad internacional por la denuncia sobre una nueva campaña de expresidentes, ministros, diputados, jueces y empresarios encarcelados o enjuiciados que intentan, por todos los medios, que sus actos criminales queden en la impunidad y para este fin necesitan anular la victoria de Arévalo y mantener el control del Estado.
Lo sucedido en Guatemala debe ser debidamente analizado por las similitudes que sus procesos electorales presentan con relación a los de Ecuador. También en los últimos años la lucha política en nuestro país se ha centrado en buscar la impunidad de exgobernantes y funcionarios que han sido sancionados judicialmente. Hay que analizar, además, la posibilidad de crear una comisión internacional anticorrupción similar a la CICIG que coopere con la justicia nacional en la lucha urgente contra este mal, culpable de la situación de pobreza, inequidad y violencia que nos agobian.