El 23 de diciembre del año anterior, la conciencia de los ecuatorianos fue sacudida por el informe del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): 3,1 millones de niños y adolescentes en Ecuador habían caído en condiciones de pobreza multidimensional y enfrentaban mayores privaciones en educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y protección social.  6 de cada 10 niños vivían en situación de pobreza multidimensional extrema. Como sólo el 30% de los hogares tienen acceso a internet, 6 de cada 10 niños no podían continuar sus estudios a través de plataformas digitales (en las zonas rurales, 8 de cada 10). Los ingresos familiares de estas inocentes víctimas apenas alcanzaban a cubrir el 29 % del costo de la canasta básica; en consecuencia, 2,3 millones de personas se encontraban en riesgo de inseguridad alimentaria. A estas familias les tomaría alrededor de 17 años salir de esta situación. Una tragedia de dimensiones catastróficas.

El 29 de mayo de este año, UNICEF propuso al gobierno varias líneas de acción: 1) reabrir las escuelas y los servicios de primera infancia, de manera progresiva, voluntaria y biosegura, en razón de que alrededor de 90 mil niños han abandonado el sistema educativo; 2) Combatir la desnutrición crónica infantil, porque 1 de cada 3 niños menores de 2 años sufre desnutrición crónica (el segundo peor país de América Latina y el Caribe, después de Guatemala); 3) prevenir el embarazo en niñas y adolescentes (en  2018, cada día, 6 niñas de 10 a 14 años y 148 adolescentes tuvieron un hijo); 4) promover una infancia libre de violencia, pues los niños, niñas y adolescentes se encuentran más expuestos, por la pandemia,  a ser víctimas de violencia física, psicológica, negligencia, violencia sexual y violencia en línea; y 5) una mejor distribución de la riqueza.

Mientras tantos ecuatorianos sufren de infames condiciones de vida, los responsables de enfrentar y tratar de resolver esta trágica situación, ciegos ante la violencia que asuela los campos y las ciudades, reinciden en la vieja práctica politiquera de un enfrentamiento estéril, de todos contra todos y algunos de ellos conspiran, descaradamente, contra la democracia. ¡¿Hasta cuándo?!

El exalcalde Jorge Yunda anunció, en un acto en la Tribuna del Sur, ante un grupo de transportistas, que los vehículos del transporte público y comercial ya no tendrán que cumplir con dos revisiones técnicas sino una sola en el año. El secretario de Movilidad respalda, malintencionadamente, la decisión, fundamentándose en el artículo 206 de las reformas a la Ley de Tránsito: “…los vehículos que presten el servicio de transporte de transporte público y comercial se sujetarán a una revisión técnica que será un requisito previo para el otorgamiento de la matrícula”. Nadie en la administración municipal ha justificado la irracional norma de una manera técnica.

Frente a este desatino cabe recordar el mandato constitucional: “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.

Adicionalmente, el Art. 424 aclara que: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”.

Lo mismo sucede con las Convenciones ambientales de las que Ecuador es parte. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, señala una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas; entre estas: “Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres.

Conforme al Art. 425 de la Constitución: “… el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales”. Lo que es más, para defender derechos humanos como los que intenta violar el señor Yunda, las obligaciones internacionales tienen primacía. Se debe exigir al Consejo Metropolitano suspender para todo efecto la malhadada disposición del Ejecutivo del Distrito Metropolitano.

De ninguna manera. Lo que ha sucedido con el gobierno autónomo del Distrito Metropolitano de Quito debe dejar enseñanzas y orientar acciones de carácter inmediato, para que nunca vuelva a repetirse una situación tan deplorable.

Es importante que los políticos entiendan lo que significa una democracia de participación ciudadana (un paso adelante con relación a la democracia de representación) que establece la Constitución como un derecho fundamental de ecuatorianas y ecuatorianos, que pueden y deben “Fiscalizar los actos del poder público y “Revocar el mandato  que hayan conferido a autoridades de elección popular” (Art.61, numerales 5 y 6). Dispone, además,  que se ejerza la participación para: elaborar planes y presupuestos participativos, definir agendas de desarrollo…” (Art. 100), etc. Los ciudadanos pueden, también, participar en los Concejos ocupando una curul bajo la figura de la “silla vacía”.

Estas normas se desarrollan en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD) que define la participación y obliga a todos los niveles de gobierno a realizar acciones concretas, entre estas: planificación y presupuestación participativas (Art. 3); Crea la Función de Participación Ciudadana, al mismo nivel que la Ejecutiva y Legislativa (Art. 29); manda a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), implementar sistemas de participación ciudadana… (Art. 54); y, como ha sucedido en Quito, dispone los procesos de remoción de autoridades de elección popular de los GAD.

El pueblo de Quito ha sido el primero en aplicar esta normativa constitucional y legal, en el caso de la remoción del Alcalde; se debe esperar que esta cívica reacción de la sociedad civil quiteña sirva para que las autoridades de elección popular entiendan que triunfar en una elección, implica una misión de servicio, dedicación, sacrificio y fidelidad con la propuesta electoral; y no, como se ha observado en más de una ocasión, llegar al poder para  obtener beneficios y privilegios. Si reinciden en este tipo de comportamientos, no será esta la última vez que la norma se aplique. Hacemos votos para que estos hechos vergonzosos no se reediten en la historia de la ciudad.

Ciudad rebelde que proclamaba en 1593: “A las alcabalas bala, a la libertad lealtad”, defendida por el “Cabildo fuerte de Quito que os habéis tan bien mostrado, por este pueblo afligido”.

Barrios dignos que proclamaban en 1809: “No hay Rey, no hay legítimo dueño, no hay padre, no hay Señor, no hay herederos sucesores, no hay legítima autoridad…  No hay más que tiranos intrusos usurpadores. Nosotros hemos quedado libres naturalmente.  Dispongámonos a conservar esa amada libertad”.

Ciudad indomable. Escribía José Molina, presidente de la Audiencia, en 1810: “La experiencia tiene acreditada que las ideas características de la Provincia de Quito son, desde su cuna, propensas a la revolución e independencia. Este es el espíritu que ha animado a los padres, ésta la leche que ha alimentado a sus hijos, esto en lo que fundan su soñada felicidad…”.

Ciudad mártir. Decía Bolívar: “En los muros sangrientos de Quito fue donde España, la primera, despedazó los derechos de la naturaleza y de las naciones. Desde aquel momento de 1810 las muertes de Quiroga, Salinas y tantos otros, nos armaron con la espada de las represalias para vengar aquellas sobre todos los españoles.

Ciudad sede de la Primera Constituyente, en 1812: “En el nombre de Dios Todopoderoso, Trino y Uno” y, a la par, en representación de pueblo soberano, dictó el pacto solemne de sociedad y unión entre las Provincias que formaron, desde ese día, el Estado de Quito…”.

Primer patrimonio de la Humanidad, UNESCO: “En esta ciudad andina, el hombre no ha buscado imponerse a la naturaleza, sino que la ha utilizado para realizar una obra única en su género…una concepción unificada de las fuerzas humanas y naturales”.

Esta es la capital de los ecuatorianos. No se la puede robar, maltratar, ofender, mal administrar impunemente. No es botín de alcaldes o concejales corruptos. Debe su ubicación señera entre las ciudades del mundo a esta larga historia de sangre, sacrificio y dignidad que no debe ser pisoteada y mancillada por quienes han intentado sumergirla en la ignominia y oscuridad. Hay que rescatar a la ciudad calificada por los patriotas chilenos, en 1810, como ‘Luz de América’.

Los ecuatorianos celebramos las primeras decisiones del presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, con optimismo y esperanza. En particular, la firma del Decreto Ejecutivo que pone en vigencia las normas de comportamiento ético gubernamental para los servidores de la Función Ejecutiva, el envío a la Asamblea Nacional de un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, la eliminación de 1,7 millones de personas de la Central de Riesgo y la convocatoria a la primera reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (CONSEPE).

También fue motivo de aplauso unánime la ratificación en su cargo de Tannya Varela, primera mujer en la historia nacional designada comandante General de la Policía Nacional. Lastimosamente, no sucedió lo mismo con los mandos de las Fuerzas Armadas y se perdieron ocho dignos oficiales generales. Ningún país puede darse el lujo de dilapidar así recursos humanos altamente calificados que han llegado a esos grados luego de una larga trayectoria de formación, perfeccionamiento y selección que, por otra parte, es costosa para el Estado ecuatoriano.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional asumen vocacionalmente carreras muy exigentes y de alto riesgo. Luego de un período formativo aproximado de cuatro años son sometidos a cursos para el ascenso a cada grado y a un riguroso escrutinio de su vida profesional y privada, especialmente para alcanzar el generalato. La democracia, que comenzamos a vivir a plenitud, debe reconocer que los militares ecuatorianos lograron superar todos los intentos de cooptarlos y convertirlos en parte de la estructura del partido hegemónico que pretendía perpetuarse en el poder del Estado. El penoso resultado de ello fue que, en 14 años en la Fuerza Terrestre, pasaron por la Comandancia 14 oficiales generales; un promedio de un año por comandante.

Esperemos que los nuevos mandos tengan la estabilidad que las instituciones de seguridad y defensa requieren por la naturaleza y complejidad de las funciones que les corresponden en un país que lograron convertir de isla de paz en tierra de nadie.

El sistema político ecuatoriano comienza a convalecer de la aguda crisis: estructural, moral e intelectual ocasionada por el mal llamado Socialismo del Siglo XXI.

El proceso de cambio inició con el referéndum del 4 de febrero de 2018, convocado por el presidente Lenín Moreno, cuando el pueblo suprimió la reelección indefinida, dispuso la sanción a los funcionarios corruptos para que nunca más puedan acceder a cargos públicos o candidaturas y a las empresas corruptoras para que jamás puedan contratar con el Estado, y cesó de sus cargos a los miembros del  Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social que auparon el control monopólico del aparato del Estado, por parte del Ejecutivo.

También aportaron al fortalecimiento del Sistema la organización de una Función Electoral relativamente autónoma y las reformas realizadas el 4 de diciembre de 2019 para eliminar la votación entre listas, poner en vigencia el método Webster, establecer mayores regulaciones al financiamiento de las campañas electorales, fortalecer la equidad de género y crear mayores oportunidades para la participación de los jóvenes.

Gracias a estos cambios, se pudo superar el sistema antidemocrático de partido hegemónico que, apoderado del aparato del Estado, impuso un sistema autoritario proclive a las arbitrariedades de un Ejecutivo que manejó la política y la economía nacional, sin otra guía que las decisiones caprichosas del falso redentor: nuevo señor feudal o despótico hacendado.

Para no volver a aquel pasado nefasto, el electorado apoyó mayoritariamente la candidatura de Guillermo Lasso. La votación que obtuvo el presidente electo fue, en gran medida, para evitar el retorno al despotismo, la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad. Habría sido una verdadera traición a sus electores aceptar una alianza como la auspiciada por los dirigentes socialcristianos, con el pretexto de lograr gobernabilidad. Lasso no se ha equivocado, ha roto con los acostumbrados pactos de trastienda y, de esta manera, representa no en el discurso, sino en la práctica, el inicio de mejores días para la política nacional.