Manuel Castro M.
En el Ecuador hemos iniciado una guerra o confrontación contra el narcotráfico, que en realidad es el verdadero enemigo del país, por ello tiene el apoyo de otros países y de la región. Las pandillas son organizaciones al servicio directo o indirecto de los narco delincuentes, pues de su negocio (tráfico de estupefacientes) proviene el inmenso dinero que perciben y que permite el crimen organizado y sus actividades paralelas: secuestros, extorsiones, sicariato.
Como lo ilícito tiene que ser tapado o manejado hábilmente por abogados y expertos en tributación, a través de instituciones públicas y privadas, como lo confirma la operación Metástasis, aparte del daño que causa el consumo de la droga en la juventud, el efecto en la economía en el país es tremendo, pues el dinero ilícito mueve el comercio, produce empleos, fomenta la corrupción y acaba con la ética que obliga a administrar legal, eficaz y razonablemente los bienes y servicios, que son la riqueza del individuo y de la colectividad, dejando de ser el manejo de la economía una disciplina política para la organización social y del bien general.
Es evidente que las actuaciones del Gobierno, fuerza pública, empresa privada, y la sociedad en general, incluso con apoyo internacional, estará afectando o impedirá el negocio del narcotráfico y, por tanto, el ingreso de recursos provenientes de ese ilícito negocio y actividades paralelas. Como se dice popularmente “se tomarán sus vacaciones hasta que pase el boche” y creerán que después todo seguirá igual. Pero con eficiencia, recursos y unidad se puede ganar esta guerra, pero lo que viene después es grave para el gran conglomerado social.
Habrá, pues, menos circulante de dólares provenientes del narcotráfico, sus cuasi empleados dejarán de percibir sus pagos, muchos comercios solo de fachada quedarán afectados, no habrá dinero para ‘lavarlo’, los jueces y fiscales corruptos y autoridades públicas tendrán que conformarse con sus sueldos. Entonces, desde hoy día, el Gobierno y sobre todo la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, deberán arbitrar con patriotismo y sabiduría las medidas jurídicas que fomenten el trabajo lícito, inversiones nacionales y del exterior, auspicios y créditos a los emprendedores, impuestos razonables y generales (sin dedicatorias demagógicas), mantener la producción del petróleo en las áreas impedidas. El país apoyará con seguridad, sea mediante consultas o rápidas resoluciones de la Corte Constitucional, el que se afronte con eficacia y decisión las actividades económicas que buscan satisfacer las humanas necesidades a través del consumo lícito de bienes y servicios.