El anticorreismo impregnó en el balotaje presidencial el triunfo del banquero y conservador-neoliberal Guillermo Lasso (Creo-Socialcristianos) con votos de la sierra y el oriente.
El forcejeo con Yakú Pérez (Pachakutik) expresó la raigambre histórica de asumir el poder estatal por los indígenas con lo comunitario-ecológico. Su votación contó con la venia de la clase media y otros sectores poblacionales que reconocen los 30 años de disputa por los derechos humanos y plurinacionales que se inició en los años 90 con la conformación de la CONAIE.
La pérdida de Andrés Arauz (UNES) fue contundente como parapeto de Rafael Correa para revisar sus sentencias delincuenciales, lo que se evidencia con la destitución del juez Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura en contubernio del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
La situación fue denunciada por el juez Murillo, Hernán Ulloa del CPC, el periodista Carlos Rojas que comentó la injerencia de Jaime Nebot y el asambleísta electo Fernando Villavicencio. Este último ha investigado que la separación de Murillo tiene el fin de destituir incluso a la Fiscal General, Diana Salazar, que ha iniciado en instrucción procesal 34 casos de posible penalización.
Ha asumido, con el presidente electo, organizar la Consulta Popular para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la creación de un Congreso Bicameral con senadores y diputados y la formación de veedores ciudadanos para erradicar la corrupción; una tétrica maraña que se ha deslizado por América Latina con el Socialismo del Siglo XXI (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina).
El asambleísta de Pachakutik Salvador Quishpe recibiría el apoyo correísta para la Presidencia de la Asamblea, si apoya sacar de la cárcel a Jorge Glas. El ‘no’ rotundo visibiliza su cosmovisión de Minka por la vida como programa de gobierno inclusivo, no etnicista (Jaime Vargas) ni clasista (Leonardo Iza), sino que congenia con procesos agrarios, humanistas, equidad y de justicia.