Elena Gálvez
Columnista invitada*
El 20 de agosto en Ecuador se llevará a cabo una consulta que tiene por objetivo que la sociedad decida si mantener o no la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía y considerado como uno de los lugares más biodiversos del planeta, reserva de la biosfera desde 1989, y reconocido como ‘zona intangible’, pues en él habitan los últimos pueblos en aislamiento voluntario: tagaeri y taromenane.
La consulta se realiza después de 10 años de su petición original cuando la Corte Constitucional del país verificó la existencia de un conjunto de acciones estatales que, en su momento obstaculizaron el ejercicio de los derechos de participación de los solicitantes de la consulta popular en el 2013. Se trata de una consulta nacional, obligatoria y vinculante que, de ganar la tesis antipetrolera, plantea según el dictamen 6-22-CP/23 “un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales. Adicionalmente, el Estado no podrá ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del bloque 43”.
Esta consulta desafía el papel histórico del Ecuador, que desde su nacimiento basó su ‘desarrollo’ en el extractivismo, siendo el petróleo el recurso más importante. En este sentido, el debate que ha generado esta consulta enfrenta a diversos actores de la política local. Por un lado, al Estado ecuatoriano, su aparato gubernamental, y la empresa nacional Petroecuador, quienes se han posicionado como juez y parte del proceso y argumentan en contra de mantener el crudo del Yasuní en el subsuelo empleando una doctrina del shock según la cual, de ganar la conservación del Yasuní, el país estaría en un grave riesgo de desfinanciación, con base en cifras cuestionables sobre las ganancias de la explotación petrolera en el bloque 43. Se replica que si el Ecuador no explota este bloque, lo hará el Perú, lo cual, es técnicamente imposible, pero efectivo, en términos de revivir rencillas históricas entre estos dos países en torno a la delimitación de sus fronteras nacionales; así mismo, se presenta un panorama en donde se reduce al bloque 43 del Yasuní, toda la actividad petrolera del país,generando un fuerte miedo en torno a perder una de las principales actividades económicas.
Pese a lo anterior las voces del ecologismo popular se escuchan con fuerza, entre ellas, la voz indígena a través de la organización nacional, CONAIE, y su representación amazónica CONFENIAE. Entre sus argumentos se esgrime una ruptura con el modo occidental de entender la naturaleza. Esta palabra supone la existencia de un ser vivo, que debe ser respetado. Por otro lado, aquellos pueblos y nacionalidades que han vivido por 50 años la explotación petrolera en sus territorios denuncian ser el sector más empobrecido de la sociedad ecuatoriana, así como la falta de acceso a los servicios básicos de agua potable, salud y educación, hecho que pone en cuestión la ‘necesidad’ de la explotación petrolera.
El cambio climático es el telón de fondo global de esta consulta, no solo por la relación de las emisiones con efecto invernadero que provoenen de los combustibles fósiles, sino por el hecho de que el planeta entero está experimentado los desastres fatales debido al cambio de temperatura como incendios, inundaciones, deslizamientos destrucción de infraestructuras, enfermedades y otros males.
En este sentido, la consulta por el Yasuní se presenta en la era de la ‘ebullición global’ como el primer paso hacia una sociedad post petrolera, y en términos democráticos, como la posibilidad de la sociedad civil de tomar decisiones trascendentales como el futuro de los lugares más biodiversos del planeta en nuestras manos. Por eso, más allá de los resultados, el proceso de la campaña #SíAlYasuní es un importante momento de deliberación política global sobre el extractivismo, el desarrollo y la democracia.
* Activista ecologista, doctora en historia amazónica e investigadora en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra, Portugal para el proyecto ECO-Amazonía. https://eco.ces.uc.pt/ .