La maternidad será deseada o no será.
Increíblemente en pleno siglo XXI, tenemos que insistir sobre esta premisa, y defender la vida de las mujeres y niñas violadas.
En esta columna no voy a referirme a la despenalización del aborto, porque la Corte Constitucional ya se pronunció con suficiencia. Tampoco voy a insistir en las discusiones de técnica jurídica, que ya lo han abordado varias personas de manera lúcida, profesional y justa en días previos. En estas líneas propongo una reflexión lo más humana y cercana posible. De algún modo, todos somos responsables de legitimar una estructura social donde las mujeres y las niñas están expuestas a vulnerabilidad sexual y además obligadas a asumir una maternidad no deseada.
En el año 2020 en el Ecuador, más de 3000 niñas de entre 10 y 14 años fueron violadas y se convirtieron en madres. Bajo el criterio de defensa a la vida, cabe preguntarnos qué vida estamos protegiendo. Ninguna terapia ni reparación (inexistente en las condiciones de nuestro sistema de salud pública) podrá eliminar el sufrimiento y trauma que experimentan las mujeres y niñas víctimas de violaciones; imponerles adicionalmente la maternidad es cruel.
Definitivamente, las condiciones de la interrupción del embarazo deben responder a reglas científicas y, sobre todo, garantizar que se practique en un periodo oportuno para que se interrumpa el crecimiento de un feto y nunca sea una cesárea. Pero estas definiciones no pueden relevarnos del deber moral de defender la vida de mujeres y niñas. Desde una perspectiva legal y ética, el Estado debe garantizar un aborto seguro a las mujeres víctimas de violación.
Y también hay que asumir que el derecho a decidir, en su real dimensión, nos enfrenta al derecho al aborto seguro de las mujeres en otras circunstancias —aun cuando para muchos de nosotros esa discusión incomode nuestras convicciones más personales—. Es un tema de humanidad.