Por: Milica Pandzic
La justicia, para ser considerada verdaderamente justicia, debe ser accesible para todos, impartida por un órgano especializado, independiente e imparcial, que decida basándose en derecho y en los hechos, con resoluciones rápidas y oportunas. Al menos, esto es lo que nos enseñan en las facultades de Derecho a quienes nos hemos formado como abogados, sobre lo que debería ser la justicia.
Varios de estos principios se reflejan en la representación simbólica de la justicia: una mujer con ojos vendados que es guiada únicamente por la balanza que tiene en su mano, la cual solo pesa argumentos y pruebas. En nuestro país, la justicia es muy diferente. Ve claramente quiénes son las partes en el proceso y eso agrega un peso relevante en la balanza, el que muchas veces termina siendo determinante.
Así, la justicia opera de forma selectiva. No es algo reciente, pero sigue siendo indignante. Son comunes los casos en los que la justicia selecciona quién merece tener una sentencia rápida o a su favor; independiente de las leyes y derechos que amparen a las partes. Esto es aún más notorio en un contexto con miles de casos represados y solicitudes desatendidas, en el marco de juicios y procesos que demoran años y hasta décadas; sin hablar del sinnúmero de inocentes apresados, culpables que están libres y víctimas sin reparación que existen en este país.
Los últimos acontecimientos, incluyendo la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, nos han recordado cómo el poder económico o el poder político inclinan desproporcionadamente la balanza. A los menos privilegiados en estos sentidos, ni la razón puede jugar a su favor. Nuestra justicia es todo lo contrario a lo que debería ser. En lugar de reparar las desigualdades e injusticias en las que vivimos, más bien las refleja y las refuerza; alejándonos de la paz social que, se supone, debería ayudar a construir.