Hubo un tiempo en el que el mayor empeño de las autoridades educativas y del gobierno en general era la construcción de escuelas y centros educativos enormes —casi podríamos decir que mastodónticos—, las famosas escuelas del milenio, que se llevaron buena parte del presupuesto del ministerio de Educación.
No quiero ahora referirme a los precios y hasta a los sobreprecios denunciados con frecuencia, pero sí a la utilidad de las mencionadas construcciones, que en buena parte permanecen cerradas o con muy poco uso; edificaciones que estuvieron aparejadas con decisiones tomadas por los ministros de turno, de unificar centros educativos, dejando de lado escuelas y colegios que prestaron un servicio enorme; y lo que es incluso peor: acabaron con las escuelitas comunitarias, tan queridas y tan necesarias en muchos lugares del país.
Las escuelas comunitarias cumplen un papel fundamental, sobre todo en zonas rurales y urbano-marginales. Forman parte de ese tejido social que es la base y sustento de las personas, que constituyen el sitio de reunión a donde recurren los vecinos para encontrar solución a sus problemas o para intercambiar ideas e iniciativas.
Se cerraron cientos de escuelas. Los gobiernos sobrevinientes han intentado abrir algunas, pero muchas permanecen en el olvido y se han destruido o presentan un elevado índice de deterioro.
Ahora, en tiempos de pandemia, vemos cómo esas pequeñas escuelas son las mayoritariamente funcionales frente a la necesidad de reabrir y regresar a clases, son escuelas más a la escala humana e inclusive vemos cómo en muchos sectores se han abierto escuelitas comunitarias con el propio trabajo voluntario de los moradores, especialmente de los más jóvenes.
Es indispensable que el ministerio de Educación aliente estas iniciativas y dé paso a la recuperación y mejoramiento de las escuelas comunitarias como una medida emergente pero que también debe continuar en el tiempo.