Franklin Barriga López
En Buenos Aires, mientras se debatía la denominada Ley Ómnibus se produjeron incidentes no solo frente al Congreso Nacional, que ocasionaron pérdidas calculadas en más de 50 millones de pesos, debido a la destrucción de bienes públicos.
Las manifestaciones fueron convocadas por organizaciones políticas y sociales de tinte extremista, que no comparten las reformas que comenzó a efectuar el flamante presidente, Javier Milei, a fin de superar la aguda crisis de pobreza y desempleo que agobia en considerable porcentaje a los pobladores de la República Argentina, por efecto especialmente de las desacertadas administraciones de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina, puntales del denominado y fracasado socialismo del siglo XXI.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue enfático al informar que “las órdenes son claras a las fuerzas de seguridad: encontrar un equilibrio para que la gente pueda manifestarse, que está consagrado en la Constitución Nacional, pero que no cometa delitos. No estamos dispuestos a que un grupito de violentos intente o quiera frenar un debate legislativo. Hoy eso se terminó, estamos haciendo lo que corresponde”.
Lo expresado por el alto funcionario, se inscribe en el nuevo protocolo de seguridad para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de comunicación, que dispone a los agentes intervenir sin que medie orden judicial, “toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el Código Penal”.
Aseveró, además, que las autoridades realizarán acciones legales para que los detenidos y las organizaciones que convoquen a las marchas paguen los daños ocasionados al patrimonio público.
En nuestro medio, es frecuente la destrucción de bienes públicos por parte de grupos que llegan al vandalismo. El ejemplo argentino en este campo es digno de ser imitado, para proteger a la sociedad y sus recursos.