José Alvear
Desesperanza, temor, inseguridad y miedo, son lo que representa Guillermo Lasso, un presidente desesperado al que hacerse cargo de la seguridad nacional le quedó grande. Esa desesperación (mala consejera) le llevó a decretar el libre porte de armas. Definitivamente, trasladar la responsabilidad de la seguridad a los ciudadanos y pedirles que se armen para enfrentarse a la delincuencia está lejos de ser una solución para la gente.
Vivimos bajo el secuestro de un Gobierno vegano, negligente, incompetente y sin credibilidad. También somos víctimas de un expresidente prófugo, de las mafias que hoy están más vivas que nunca y de la casta dañina de políticos de turno que, con hambre desmedida de poder, se enfocan en temas triviales y cortinas de humo. El mejor ejemplo es la discusión sobre la posible ‘muerte cruzada’, cuando a todos se nos cruza diariamente la muerte en una suerte de lotería, pero no hay líder político que dé soluciones al respecto o una hoja de ruta clara para luchar contra la delincuencia y las bandas criminales.
El decreto presidencial que permite el porte de armas para defensa debe tratarse con mucho cuidado, pues la línea entre la libertad y el libertinaje es muy fina. Revisemos algunas cifras de violencia en el país: la era Lasso en 2021, inicia con una tasa de muertes violentas de 13,7 por cada 100.000 habitantes. En 2022 hubo un incremento del 82,5%, es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes. Ese año cerró con 4.603 muertes violentas a escala nacional. Para 2023 bordeamos los 17,4 casos diarios, es decir, 34 por cada 100.000 habitantes y la proyección es que cerremos el año con unas 6.300 muertes violentas.
Otra cifra que espanta es que, en lo que va de este año, ya se registran 24 secuestros, un 60% más con relación a todo el año 2022 que cerró con 40 secuestros. Estos datos llevaron a nuestro país a recibir el vergonzoso reconocimiento de estar en el puesto número 15 de las 193 naciones con mayor presencia de bandas delictivas, según el último reporte del Observatorio de Crimen Organizado.
Parte importante de la solución está en manos de los parásitos de la Asamblea. ¡Deberían derogar la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza que es un saludo a la bandera y darle verdadero respaldo jurídico, económico y moral a la Policía Nacional para que pueda enfrentar con toda la fuerza y el armamento adecuado a la delincuencia! Es urgente, además, blindar a fiscales y jueces con un sistema de anonimato.
Ese es el único camino para respirar nuevamente esa percepción de seguridad que tanto exigimos. Es indispensable contar con una ley de mano justa que tenga como premisa base que ‘el que la hace, la paga’. Ojo, sin que eso signifique ‘justicia por mano propia’. Y si el objetivo es disuadir a homicidas, femicidas y sicarios, debemos abrir la puerta a la pena de muerte en el Ecuador. Así, todo aquel que atente contra la vida de un tercero pierde automáticamente su derecho a la vida.
Ojalá que el presidente de la desesperanza deje de comunicar vía Twitter que esto es una pelea entre “ustedes” y la delincuencia, y se apropie de una vez por todas del cargo que le entregamos en las urnas. En la visión libertaria, el Estado debe responder por la seguridad, la salud, la educación y una justicia proba, transparente y libre de corrupción. Es el Estado el que debe eliminar la desesperanza, en lugar de despertarla. ¡Menos Estado, más libertad!