Se aprobó una ley que obliga a transferir de manera automática, sin pasar por el Ministerio de Economía, las preasignaciones de los gobiernos locales. Sectores como salud y educación saldrán perdiendo. Entérese por qué.
Una mayoría de 106 asambleístas aprobaron, hace tres días (7 de mayo de 2024), el proyecto reformatorio para asegurar la asignación directa de los recursos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Mediante este proyecto, que fue inicialmente presentado por el actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en 2021, se establece la obligación de que las preasignaciones presupuestarias pasen directamente a municipios, prefecturas y juntas parroquiales, sin pasar por el Ministerio de Economía.
Así, el 21% de los ingresos permanentes (impuestos) y el 10% de los no permanentes (petróleo) deberán transferirse automáticamente, bajo el riesgo de procesos legales para sancionar a los servidores responsables que incumplan, a los gobiernos locales hasta los cinco primeros días de cada mes.
Eduardo Rosero, economista y exconsultor de organismos multilaterales, explicó que esos GAD se convertirían en unos actores privilegiados a los que se les asegura hasta el último centavo de sus asignaciones; mientras la caja fiscal está en crisis y apenas alcanza para lo básico.
“El mensaje es que la austeridad y el ajuste pasa de largo de los gobiernos locales y el Estado será el único responsable de ver a quién le paga menos para cumplir con la nueva ley”, dijo.
Desde entidades como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se festejó con bombos y platillos la nueva Ley. A través de un video en su cuenta de X, el presidente de esta Asociación, Patricio Maldonado, dijo “Una gran mayoría (asambleístas) decidió que los recursos por equidad territorial lleguen directamente desde el Banco Central hasta las cuentas de los gobiernos locales. Estamos contentos y estamos comprometidos a hacer buen uso de esos recursos”.
LA HORA pidió a la AME una explicación sobre las implicaciones de la Ley; pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Los gobiernos locales, en promedio, reciben más del 15% del Presupuesto General del Estado (PGE); pero el manejo de esos recursos ha recibido críticas de sectores académicos, políticos y sociales.
En entrevista con LA HORA, el gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), Carlos Rivera Bautista, dijo que todavía no está listo (ni tampoco tiene fecha de implementación) el programa ofrecido por el Gobierno de Daniel Noboa, para incentivar el manejo financiero y presupuestario transparente y responsable de los gobiernos locales a cambio de créditos con mejores condiciones.
Si los gobiernos locales ganan, ¿quién pierde?
El exministro de Economía, Fausto Ortiz, aseguró que la Ley aprobada tiene algo bueno: desnudará la realidad de unas finanzas públicas dónde el dinero no alcanza y dónde constantemente se ha recurrido a la deuda para cubrir gastos corrientes.
Si le quita $3.000 millones a los 15.000 millones de impuestos, va a quedar $12.000 millones. Pero, esos $12.000 millones no alcanzan para el resto de los gastos corrientes: $10.000 millones de sueldos, $3.000 millones intereses de deuda pública, $3.000 millones del 40% al IESS; $1.500 millones de bonos y ayudas sociales, entre otros
Esto va a evidenciar que realmente se ha venido pagando con deuda gastos corrientes, lo que en teoría está prohibido en la Constitución de 2008.
“Si el Presidente de la República analiza adecuadamente el proyecto de ley, debería vetar completamente para que esto vuelva a ser discutido con algo más de calma de aquí a un año”, ha dicho Ortiz.
Dinero asegurado para gobiernos locales, con un Estado en crisis, significa que se tendrá que asignar perdedores como salud y educación, donde con el tiempo se formará una bola de nieve cada vez más visible de deterioro.
Lo aprobado por la mayoría de los asambleístas también establece que, en un periodo máximo de 90 días, el Gobierno pague una deuda de alrededor de $2.000 millones con los gobiernos locales. (JS)
Un modelo insostenible
– Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), reconoció que se necesita “repensar o reestructurar el modelo municipal”.
– El 85% de los 221 municipios del país no tienen capacidad de generar recursos propios y dependen del Gobierno Central.
-De los $1.574 millones de atrasos acumulados entre enero y abril de 2024, el 36% corresponde a Gobiernos locales.
¿Más presión para reducir el subsidio a los combustibles?
Nuevamente todo apunta a que la responsabilidad de optimizar el gasto quedará para el Gobierno Central.
Una de las salidas, aunque tiene un alto costo político, es revisar el subsidio a los combustibles. El pasado 2 de mayo de 2024, a través de un decreto ejecutivo, Daniel Noboa, creó un Comité de Optimización Energética para elaborar propuestas de un “esquema de estabilización de los precios de los combustibles”. Se dio un plazo de cinco días (que ya expiró) para presentar un plan de trabajo.
El exministro de Economía, Fausto Ortiz, ha explicado que al año se consumen $4.000 millones de diésel y gasolina extra en Ecuador. Solo subiendo un dólar por galón se podría sacar $4.000 millones al año.
Con eso, se podría plantear regresar a la ley que, hasta antes de 2008, establecía que las preasignaciones a los Gobiernos locales eran del 15% de los ingresos permanentes (no del 21% actual) y del 15% de los ingresos no permanentes (10%)
Con los recursos liberados por revisión del subsidio, la idea sería subir en cincos puntos la participación de los gobiernos locales en las rentas petroleras, pero solo por cinco años.
Después, se bajaría nuevamente al 10% y se alentaría a que los gobiernos locales sean más eficientes y generen más recursos propios.
De acuerdo con Ortiz, es realmente insostenible que municipios, prefecturas y juntas parroquiales reciban el 21% de los impuestos.