Eduardo F. Naranjo C.
El cambio acelerado de las formas comunicacionales gracias al uso del espacio digital no permite a los usuarios valorar la importancia de proteger la información que circula en las ‘redes’. Esta puede ser vulnerada y empleada en forma perversa y criminal, causando graves problemas a cualquier persona u organización.
Por suerte, el país tiene aprobada una Ley Orgánica de Protección de Datos que garantiza los derechos ciudadanos. Sin embargo, una buena ley requiere ejecutores que sepan aplicarla con conocimiento, certeza, oportunidad y precisión para beneficio de los usuarios.
Vivimos tiempos difíciles en los que cualquier persona puede ser violentada, tener su identidad suplantada o ser engañada dolosamente. Por esto resulta inmensamente importante contar con un marco legal y su efectiva aplicación; sin embargo, el instrumento legal requiere de un administrador capacitado.
La ley determinó la creación de la Superintendencia de Protección de Datos, encargada de “verificar que empresas privadas y entidades públicas cumplan con las obligaciones que establece la norma sobre el buen uso de los mismos”. Esta nueva dependencia tiene el objetivo de “controlar y vigilar” el cumplimiento y aplicación de la ley, para proteger los datos personales e institucionales, que en la actualidad son utilizados sin control alguno por empresas públicas y privadas para promover sus intereses, aprovechando direcciones de los usuarios, sin que esto se haya autorizado.
Se ha propuesto una terna. Conocemos a la postulante Alexandra Maldonado Navarro, cuya experiencia y preparación, tanto en el país como el exterior, la acreditan como la candidata idónea, experta en cibercrimen y evidencias digitales. Además de su compromiso ético, como requiere la función pública, su maestría en Derecho Público referida al manejo de la cosa estatal la complementa, por lo que consideramos que el Cpccs la designará.