En el proceso social de convivir hay momentos cruciales en los que tomar una decisión es un acto definitivo que nos lleva a consecuencias positivas o negativas. Así afrontamos el futuro en relación al “desarrollo económico” y al riesgo antropo-ambiental.
Los poseedores de capital no descansan. Buscan oportunidades para multiplicar su riqueza, sin importar efectos sociales y ambientales para alcanzar sus objetivos. Las fuentes de energía limpia para salvar el planeta son atractivas y aparecen como ofertas para un “desarrollo sostenible”, como la energía hidroeléctrica. Así crearon un proyecto para otra central en la Amazonía, aparentemente bueno; sin embargo, hay graves observaciones.
El megaproyecto hidroeléctrico en el río Santiago, al sur de la Amazonía ecuatoriana, que generaría más potencia que la de Coca Codo Sinclair, sería de gran magnitud con un costo de 2.498 millones de dólares, que pagaríamos todos los contribuyentes. Sin embargo, esto afectaría más de 3 mil hectáreas de bosque, ríos y poblaciones de la comunidad Shuar Arutam. Para los inversores es excelente porque obtendrían inmensos beneficios; sin embargo, sería nocivo para los moradores y todo el ecosistema. Como se conoce, hay empresas privadas que corrompen todo el sistema, como es el caso de otros proyectos hidroeléctricos.
¿Esta millonaria inversión beneficiaría al país? Es necesario hacer un balance costo y beneficio social, especialmente cuando el neoliberalismo ofrece “desarrollo” con altos costos sociales y ambientales. Solo un criterio técnico sin corrupción sería relativa garantía. Somos testigos de grandes fracasos, apadrinados por coimas, viajes y estudios deficientes. En un país pequeño con poca organización del Estado, estas inversiones deben ser difundidas con gran transparencia y previamente aceptadas por la comunidad, como determina la ley.