La data del 2021 no miente: más de 2300 muertes violentas (incluidas las de las cárceles), al menos 201 toneladas de drogas incautadas y nuestro peor promedio de homicidios en la última década, esto es, 13,13 por cada 100,000 habitantes. Como puede verse, un estallido de violencia e inseguridad alarmante, que reafirman que en Ecuador lo único organizado es el crimen.
Con el 2022 al frente, la receta sigue siendo la misma: nuevas asignaciones presupuestarias, incorporación de más elementos policiales, compra de equipos de inteligencia, readecuación de las cárceles, proyectos de ley y reformas a las ya existentes. Como puede notarse, se habla de gasto, pero no de eficiencia en el mismo. Se habla de intervención estatal para el manejo del delito, pero de forma reactiva y no preventiva. Se habla de control y represión, pero no de las causas estructurales del problema.
Se trata, entonces, de buscar soluciones para evitar la expansión del delito y su impunidad. Por lo tanto, es imperativo que se empiecen a sentir cambios que recuperen la confianza ciudadana, depuren a jueces, fiscales y policías, coordinen con los municipios la recuperación del espacio público, eviten la circulación ilegal de armas, descongestionen la saturación del sistema de justicia; en suma, que creen una política pública de seguridad real y eficiente.
Usted, estimado lector, ¿recuerda cuándo fue la primera candidatura presidencial de Lasso? Sí, allá por el 2013. Desde aquella época hasta acá, los problemas del país no han cambiado, más bien se han sostenido y agravado en el tiempo; sin embargo, tras llegar a Carondelet, no hay un plan aparente, tan solo incertidumbre e inexperiencia, ante la lenta adaptación al manejo del orden público. Este es un punto crucial, pues, la proactividad estatal en la lucha contra la delincuencia no puede verse afectada, por lo que en gran medida, la evaluación debe venir puertas adentro. Menos improvisaciones e improvisados en el gobierno, empecemos también por ahí.