Ana Changuín Vélez
La expresión francesa ‘déjà vu’, que se traduce literalmente como ‘ya visto’, suele referirse a una sensación inquietante de familiaridad, como si estuviéramos reviviendo una experiencia. En el contexto político ecuatoriano, este término nos remite a situaciones repetitivas, en este caso a las recientes acciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Y es que el pliego de peticiones presentado al Presidente de la República electo es un reflejo de esa sensación y nos transporta a momentos similares vividos en el país en los años 2019 y 2022.
Las cicatrices de junio de 2022 siguen frescas: pérdidas económicas de USD 1.000 millones en junio, con un desolador promedio de USD 55 millones por día, y la paralización en las calles de la capital y en varios sectores del país. Eventos que refuerzan la necesidad de que las demandas deben abordarse de forma proactiva y responsable, evitando que las tensiones se desborden nuevamente en el espacio público.
Los conflictos sociales, en su esencia, nacen de demandas e intereses no reconocidos ni atendidos. Por eso es crucial que el tratamiento de los conflictos se realice de manera constructiva y pacífica. El Acta por la Paz suscrita en el 2022 es un indicativo de que el diálogo es posible y que Ecuador tiene la capacidad de encontrar soluciones consensuadas. Pero este diálogo debe ser genuino, y considerar las preocupaciones de todos los sectores, incluyendo aquellas voces que difieren de lo que pensamos. Hay que desempolvar la metodología que probó que el conflicto puede ser trasladado a las mesas y desde ahí trabajar aún con posiciones diferentes. Si bien ese proceso hoy se encuentra suspendido, es necesario reconocer que la realidad es que existe una nueva forma de hacer política y que las herramientas ahí desarrolladas representan grandes avances para el diálogo social.
Es evidente que Leonidas Iza, líder de la Conaie, tiene una agenda política y ese precisamente debe ser un estímulo adicional para mantener abierto el diálogo con la organización. El nuevo Gobierno deberá actuar con suspicacia y destreza, buscando un equilibrio que reconozca los legítimos intereses de desarrollo del sector indígena sin caer en prácticas obsecuentes pero tampoco en el desinterés.
Es posible romper el ciclo del ‘déjà vu’ político y evitar revivir episodios innecesarios de conflictividad. Eso sí, con diálogo franco, que busque realmente atender las causas profundas del conflicto social, como la única vía para construir un Ecuador con menos desigualdades. Aprendamos de la historia y evitemos que los mismos ciclos se repitan.