La crueldad humana en su máxima expresión, al extremo de festejar jubilosamente la masacre, de decapitar y patear las cabezas de las víctimas, de disparar sin piedad a otros congéneres, son varios de los actos de horror que se han experimentado en estos tiempos en las cárceles del país.
El Ecuador vive, como nunca antes, estos hechos macabros que responden a una lucha de mafias que el cuerpo policial no ha podido controlar. En esta última ocasión, ni siquiera ha logrado llegar antes de los anuncios y los ruegos de los presos, que hoy son cadáveres, cuyas voces quedarán grabadas en la memoria impotente de sus familiares.
Si la Policía, que es la directamente implicada en estos hechos, no alcanza a contener la atrocidad en las cárceles, tampoco los militares pueden, sin olvidar que estos últimos están para la defensa de la heredad territorial que ventajosamente no se ha visto en conflicto desde la firma de la paz con el Perú en el 2008 y, por lo tanto, han vivido en sus cuarteles entre ejercicios y trabajos de orden burocrático.
Sin embargo, hoy necesitamos una urgente capacitación para la Policía, a la que deben sumarse contingentes de las Fuerzas Armadas, para entrenarse en conflictividad urbana, buscando el auxilio de países que tienen experiencia en actos similares y aun en lucha antiterrorista, de lo contrario esta violencia que hoy se da en los centros de reclusión, mañana estará en las calles, quién sabe en sitios de aglomeración ciudadana, como atentados sangrientos.
Si hoy los hechos tienen el fatal cariz de los cárteles del narcotráfico, no hay cómo descuidar, a más de esta necesidad imperiosa de contar con unidades policiales y militares eficientes, una urgente y válida legislación que permita a los miembros de la fuerza pública actuar con autoridad y sin temor a ser juzgados, como comúnmente pasa con efectivos que por salvar a los ciudadanos, se ven juzgados y sentenciados.
También hay que sumar a lo anterior la responsabilidad de una deficiente administración de justicia del país, en la que reposan causas y procesos sin trámite ni final, detrás de los que hay reos y víctimas que no logran un juzgamiento oportuno y viven el “sueño de los justos”.
El gobierno tiene que salir de la curva en la que lo cogió esta tragedia social y para ello debe contar no solamente con los amigos y simpatizantes de su régimen, sino con los funcionarios más idóneos y el asesoramiento pertinente. De lo contrario, no habrá poder humano que nos salve.