Paco Moncayo Gallegos
La inseguridad es, sin duda, el problema más grave que soporta el país. Los datos que se conocen son alarmantes: 21 homicidios por 100 mil habitantes, 210 delitos diarios en contra de la propiedad privada, cárceles con hasta un 88% de hacinamiento y gobernadas por los cárteles de la droga, barrios en los que los vecinos están obligados a pagar a las mafias por protección, comerciantes y transportistas sometidos a igual extorsión, ciudadanos asaltados en las calles, en fin, un verdadero aquelarre.
Para enfrentar esta situación, el país no cuenta con una normativa legal adecuada, una doctrina de seguridad, ni un sistema eficiente para planificarla y gestionarla. A esto se suma: elementos de la estructura del estado, evidentemente cooptados por el crimen organizado, y vulnerabilidades institucionales que sorprenden y generan un sentimiento de indefensión.
Respecto a las competencias en seguridad, la Constitución manda: que es deber primordial del Estado garantizar la seguridad integral (Art. 3), que el Estado central (¿?) tiene como competencia exclusiva la protección interna y el orden público (Art.261), que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente entre los distintos niveles de gobierno (Art.260), que es misión de la Policía Nacional atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas (Art.163), que «El Estado garantizará la seguridad humana y “la planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno». (Art 393). Al constituir la seguridad ciudadana una de las dimensiones de la seguridad humana, es evidente que su competencia corresponde a todos los niveles de gobierno.
El campo más importante de la seguridad ciudadana no es la represión sino la prevención. La Ley de Seguridad Pública y del Estado manda: “La prevención y la protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las entidades del Estado y la gestión de riesgos a “… entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales”. Más clara no puede ser la norma. Los alcaldes y los candidatos deberán presentar una clara posición sobre estos temas.