La devaluación del peso colombiano ha traído amargas consecuencias para la provincia de Carchi. Sus negocios languidecen mientras los compradores ecuatorianos se abalanzan al otro lado de la frontera para aprovechar el súbito poder adquisitivo del dólar. Asimismo, el contrabando se ha disparado, lo que implica una competencia tan imbatible como desleal para la producción local y una reducción de capital humano y financiero a disposición de la economía local. El panorama es poco prometedor y sus efectos destructivos en la economía carchense no tardarán en aflorar.
El problema no es la devaluación de la moneda colombiana, sino las reglas bajo las que opera nuestra economía. A diferencia de las fronteras sur y oriental, que colindan con zonas de poca actividad económica y en las que durante décadas, por la actividad bélica, apenas hubo actividad, o de la frontera esmeraldeña —donde no hay una contraparte formal del lado colombiano—, Carchi limita con territorios extranjeros sumamente productivos y con una economía vibrante. Mientras esa particularidad no se considere en la planificación regional, la crisis continuará agudizándose —un escenario preocupante en estos tiempos de avance del narcotráfico—.
La solución no llegará por cortar lazos —una ilusión que, lamentablemente, la pandemia de covid-19 alimentó tras el cierre de fronteras—. Un marco legal más libre, lo económico, comercial y laboral, es lo único que permitirá que la economía del norte de Ecuador se entrelace más con la colombiana y que se acaben estos males fruto de las distorsiones.