En estos momentos de transición política, la prioridad de todo actor político y social debe ser preservar la paz y el orden democrático.
El Gobierno agudizaría peligrosamente la tensión social si es que, aprovechando su libertad de acción —temporal y relativa—, emprende reformas demasiado drásticas e incompatibles con su baja popularidad; esto, no obstante, resulta improbable, pues muchos de sus anhelos más radicales son abiertamente inconstitucionales o ya enfrentan jurisprudencia al respecto. A su vez, la oposición, especialmente el correísmo y los actores más intransigentes del movimiento indígena, llevarían a la democracia a un peligroso limbo si optan, en este momento, por la violencia tumultuaria y generalizada. Afortunadamente, la explosión sobre la que advertían no se dio ayer y sus bases tienen puesta su atención en las elecciones anticipadas.
Paradójicamente, una de las principales amenazas al orden puede venir de la propia Corte Constitucional, sea por obstaculizar la gestión del presidente Guillermo Lasso durante las próximas semanas o por querer dejar sin efecto la ‘muerte cruzada’, una medida con amplia aceptación popular y jamás cuestionada —hasta ahora— en sus 15 años de vida constitucional.
A gritos, la oposición al Gobierno, los asambleístas electos, los indígenas y las calles, venían pidiendo una transición a la situación política, con un amplio rechazo a todas las instituciones. La oportunidad de cambio democrático ha llegado. A la vez, si no se remedia oportunamente, esta grave crisis política puede llegar a tener un serio impacto en los derechos individuales y principios democráticos. Todos los ecuatorianos debemos trabajar en evitarlo.