En lo que va del año, Ecuador ha enfrentado dos crisis carcelarias a nivel nacional. La segunda fue este 21 de julio en las cárceles de Guayaquil y Latacunga. El Gobierno asegura que no le temblará la mano.
LA HORA analiza la situación de las cárceles en el país con la abogada Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) e integrante de la Alianza contra las Prisiones.
¿Por qué nuevamente el país enfrenta una crisis carcelaria?
El problema es estructural. No responde solo a esta narrativa de que son las mafias las que están detrás del sistema carcelario y que son las únicas que causan delincuencia, más bien creemos que existe una deuda del Estado.
Hay una falta de inversión adecuada para el sistema carcelario, no se han tomado medidas efectivas acerca del hacinamiento, ni de condiciones básicas para garantizar una vida digna a las personas privadas de la libertad, en la medida en que el Estado no garantice una vida digna, el ciclo de violencia es mucho más probable que continúe.
¿Por qué ahora estos brotes de violencia?
No hay una única razón para tanta violencia, creemos que existen otras causas y otros focos de violencia ahí adentro. Primero el mismo abuso de la prisión preventiva que hace que haya muchísima más gente en condiciones de hacinamiento y que la vida digna no sea posible. Esto es un foco de violencia, pero también nos hemos dado cuenta que se replican estos focos de violencia, este control dentro de las cárceles entre mafias allá fuera.
Entonces también es cómo controlamos estos grupos armados que tienen básicamente el control de la cárcel y creo que ese es otro de los problemas, de cómo el Estado ha perdido el poder dentro de las cárceles y eso no significa un uso desproporcionado de la fuerza.
Significa tomar acciones efectivas; por ejemplo, no dejar pasar armas o tecnología dentro de las cárceles, si esta posibilidad de comunicación, de ataque y de violencia en entre los privados de libertades se controla es más probable que bajen los niveles de violencia.
El gobierno declaró estado de emergencia y militarizó los accesos a la cárcel. ¿Estas medidas ayudarán a mitigar la situación?
A criterio de la Alianza, ninguna de las medidas va a ser efectiva porque ya son medidas que se han implementado. El estado de excepción por lo menos se ha dictado cuatro veces, sin que exista algún tipo de cambio en el sistema penitenciario. Incluso la Corte Constitucional en el último auto de seguimiento del dictamen anterior al estado de excepción dijo que no hace falta otra medida así porque el Gobierno ya sabe exactamente cuáles son los problemas a resolver.
Entonces no es una cuestión de que el Estado no sepa o que solo conozca lo de las mafias, las mismas autoridades, cuando pasó lo de febrero del 2021, comparecieron ante la Asamblea Nacional y aceptaron todos estos problemas estructurales.
Dijeron que no hay suficientes guías penitenciarios, que no había capacitación y que había funcionarios que dejaban pasar las armas. Reconocieron este problema y aun así enfrentan la situación sólo desde esta narrativa securitista y de mano madura.
¿La designación del nuevo titular del Snaie podría cambiar la situación?
Nos preocupa la designación de Fausto Cobos como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snaie). Una de las cuestiones que hemos pedido desde sociedad civil es que esta designación no se dé con una visión desde la seguridad colocando a un policía y ahora un militar pasivo en el poder, porque nuevamente traen esta narrativa de que solo hay que responder con mano dura.
Desde la Alianza y otras organizaciones hemos pedido que estén funcionarios de carrera, que sepan del sistema penitenciario, que conozcan de rehabilitación y que no simplemente este puesto se base en que si es o no funcionario de la fuerza pública. No hay una importancia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que son un grupo en condición de vulnerabilidad reconocido por la Constitución.
Si bien el problema de las cárceles es una cuestión estructural qué hacer con las bandas delincuenciales. ¿El Gobierno debe conversar con ellos, cuando solo representan el 8% de la población carcelaria?
Tenemos información, de la última comparecencia, que en la cárcel Turi, los agentes penitenciarios ya ni siquiera tienen el control de las llaves de las celdas, los que tienen el control de las celdas son justamente los privados de la libertad. El Estado ha perdido completamente el control dentro de la cárcel, cuando quien debería tener el control, la responsabilidad y la obligación de protección de las personas privadas de la libertad es el Estado, pero no se han tomado medidas efectivas para retomar este control.
No me parece mal que el Estado hablé con estos grupos para entender cuál es la situación y puedan llegar a acuerdos, siempre y cuando permita que más grupos de personas privadas de la libertad o de familiares, como en el anterior sistema penitenciario, participen en mesas de trabajo y debate exigiendo o contando, qué es lo que pasa desde adentro. Por ejemplo, en la comparecencia a la Asamblea Nacional nos llaman a sociedad civil, pero no hay privados de libertad o familiares contando que es lo pasa ahí adentro.
En el anterior sistema penitenciario había una posibilidad de organización y eso se transparentaba en exigir mejores condiciones de vida digna, no solo en el economato, sino en visitas. Esta organización permitía no solo escuchar a los presos, sino también que era un mecanismo de exigencia y de vigilancia, pero esto ya no es posible en este sistema penitenciario.
Esta vez la violencia fue contra la mujer: 54 mujeres retenidas y una policía fue víctima de violación ¿Cómo analizar esta situación?
Hay una percepción patriarcal sobre el cuerpo femenino y está bastante presente en el contexto de los sistemas penitenciarios. La cantidad de violaciones sexuales es una cuestión bastante alarmante, la misma Corte Constitucional en base a cuatro casos emitió una sentencia en la cual justamente trata el habeas corpus como una forma de darle frente a esta situación.
Ahora esto vuelve a salir por los últimos hechos, con la violación de la mujer policía, pero esto muestra el poder y control que tenían los presos y la falta de armamento que podían tener la policía para utilizar y defenderse. Los estándares internacionales mencionan que los policías deben tener todo el equipamiento suficiente para dar frente a un motín, no obstante no fue así. Es bastante alarmante que los privados de libertad hayan podido acceder a una mujer policía sin que haya otra persona, sin que tenga los elementos suficientes y sin que haya podido haber una reacción en conjunto.
Desde la sociedad ¿Cuáles serían las medidas para reducir los niveles de violencia en las cárceles?
Hemos ganado algunas acciones legales en las cuales se obliga al Estado a convocar y a dialogar con la sociedad civil para dar criterios no solo jurídicos, sino desde la psicología, la antropología y la investigación. Entonces una de las acciones sería convocar y verificar otras visiones de la rehabilitación más allá de la securitista y empezar a implementarlo de esa forma.
También en este punto tan crítico sería abrir las puertas a la sociedad civil, no sola para la construcción de nuevas políticas públicas, sino para que la sociedad civil pueda entrar a los espacios y centros de rehabilitación social. Así verificar lo que está pasando, identificar sus necesidades y finalmente que se pueda complementar el trabajo Estado – sociedad.
¿Para reducir el hacinamiento?
Ahora mismo el hacinamiento asciende al 29.4%, quiere decir que todas las cárceles del país están colapsadas.
Primero, dejar esa narrativa de que mientras más cárceles se construyan es mejor. Luego de la masacre del 2020, la primera acción que se tomó fue justamente construir otra cárcel, entonces mientras más mega cárceles haya, más posibilidades de meter gente hay.
Segundo, hay un uso abusivo de la prisión preventiva, que lo han aceptado las mismas instituciones públicas, es decir, este principio de mínima intervención penal es un principio que se dejó atrás porque tanto jueces como fiscales siempre están pidiendo y aceptando la prisión preventiva de una manera abusiva.
Tercero, las últimas reformas al COIP ampliaron el catálogo de delitos, criminalizando la pobreza.
Cuarto, la centralización. Durante la pandemia ha sido tan difícil realizar los trámites de prelibertad y el régimen semi abierto por el confinamiento y el teletrabajo. Por la demora, los detenidos a veces permanecen más tiempo de lo que deberían estar en el sistema penitenciario. (MC)
“El Estado ha perdido completamente el control dentro de la cárcel, cuando quien debería tener el control, la responsabilidad y la obligación de protección de las personas privadas de la libertad es el Estado”:Pamela Chiriboga, abogada
“Hay un uso abusivo de la prisión preventiva, que lo han aceptado las mismas instituciones públicas”: Pamela Chiriboga, abogada