Falta de infraestructura, talento humano y recursos en la Judicatura de Loja. El nuevo director anunció acciones a tomar durante sus funciones.
El nuevo director Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Loja, Wilson Villarreal Leiva, hizo público el proceso de transformación institucional y las necesidades estructurales del sistema de justicia, luego de realizado un breve diagnóstico de la institución, tras haber asumido el cargo desde el pasado 1 de marzo. Aquí anunció una serie de problemas en el área de talento humano, infraestructura y falta de presupuesto por parte del Estado.
Situación
Según la autoridad, la función judicial hoy en día está atravesando por un proceso de transformación, en donde la Judicatura cumple un rol fundamental. Pese a su independencia y autonomía, requiere ser tratada como tal por la función del Estado, por lo que requiere contar con las condiciones necesarias de infraestructura, talento humano, insumos y recursos económicos, para cubrir las necesidades básicas.
Indicó que la falta de recursos económicos es uno de los factores que impide cumplir con las funciones como tal. Por ejemplo, en el sector de la justicia, no existe estabilidad laboral, algunos de sus servidores prestan sus servicios bajo la modalidad de contratos ocasionales y nombramientos ocasionales, lo que genera inseguridad e incertidumbre en estos profesionales. La idea es contar con los recursos necesarios para presentar el servicio de manera oportuna e inmediata a los usuarios.
Derechos
A su criterio, no puede existir una verdadera justicia si los jueces, fiscales y otros servidores judiciales, están sujetos a presiones e intereses de otros poderes del Estado. “Este Consejo trabajará para que se respete la independencia y la autonomía de la justicia. Además, buscamos transparencia para contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia”, dijo.
A partir de su posesión, el 1 de marzo, ha realizado el primer diagnóstico de la situación institucional y ha encontrado que solo el 30% del personal de justicia tiene nombramiento y el resto (70%) no tiene estabilidad laboral, de un total de 410 profesionales que existen en la provincia.
Además, el presupuesto es limitado, por ejemplo, antes existía un presupuesto aprobado de 850.276,73 dólares, pero fue reducido a 501.219,41 mil dólares, dando un total de 252.346,65 dólares en contra.
El pedido al Estado es que asigne los recursos necesarios para poder prestar los servicios de mejor manera. Falta adecuación de infraestructura y, en el tema de seguridad, no cuentan con personal para que custodie al interno y más aún cuando los repartidores de justicia son amenazados a nivel nacional.