A inicios de 2004, en Buenos Aires, el entonces embajador ecuatoriano Germánico Molina protagonizó un incidente bochornoso. Haciendo uso de su vehículo diplomático, recogió al general Guillermo Suárez Mason de su domicilio y lo llevó a una fiesta que un grupo de amigos organizó por su cumpleaños. El problema era que Suárez se encontraba en arresto domiciliario, sentenciado por desaparición de personas y secuestro de niños, entre otros cargos; había sido uno de los principales líderes de la despiadada represión conducida por la Junta Militar argentina a finales de los setenta. De no haber sido por el Embajador ecuatoriano, jamás hubiese podido abandonar el arresto domiciliario.
Al prestarse para ello, Molina —exoficial de Policía— incurrió en un delito por el que incluso enfrentó un juicio dos años después, cuando el Gobierno al que sirvió ya había sido derrocado y Suárez Mason ya estaba muerto. En aquel entonces, el escándalo exigió unas justas disculpas oficiales por parte de la Embajada ecuatoriana y el retiro inmediato del Embajador.
En aquel entonces, con el kirchnerismo apenas naciendo en Argentina y Ecuador sumergido en lo más cercano al liberalismo que ha tenido en este siglo, no era difícil encontrar voces en ambos países que juzgaban a los represores ‘perseguidos políticos’ o ‘víctimas de persecución’. Sin embargo, la diplomacia ecuatoriana tuvo la delicadeza de reconocer que, cuando se está en territorio ajeno, se debe respetar la soberanía y no inmiscuirse en la pugna política local. México, Venezuela y ahora Argentina; el Gobierno Nacional debe recordar cuán poca consideración le tienen algunas naciones que dicen ser nuestras ‘hermanas’.